Los ayuntamientos podrán poner en marcha cursos de Formación Profesional para el Empleo financiados al 100%
- La delegada territorial de Empleo explica a las entidades locales que recibirán un pago único y por adelantado, sin necesidad de que tengan que comprometer recursos propios para llevarlos a cabo
Los ayuntamientos granadinos podrán poner en marcha por primera vez cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) financiados al cien por cien y sin comprometer recursos municipales. Así se lo ha trasladado hoy la delegada territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Virginia Fernández, a los alcaldes y técnicos municipales de los ayuntamientos granadinos que han asistido al encuentro celebrado por videoconferencia para darles a conocer los detalles de la nueva orden de subvenciones. Estas ayudas están dirigidas a las entidades locales para que puedan poner en marcha en sus municipios cursos de FPE y cuenta con una dotación de 60 millones de euros.
Según les ha explicado la delegada, una de las principales características de esta nueva orden de subvenciones es que la Consejería de Empleo financiará hasta el cien por cien de la programación presentada por las entidades locales beneficiarias, en un pago único y por adelantado, “sin necesidad de comprometer el resto de los recursos municipales, con objeto de que no os veáis obligados a adelantar con fondos propios el importe necesario para llevarlas a cabo”.
“Esta es la línea en la que venimos trabajando con los ayuntamientos porque somos conocedores de vuestras dificultades económicas, pero al mismo tiempo queremos facilitar la puesta en marcha y desarrollo de cursos de FPE sin que os suponga hipotecar partidas destinadas a otras necesidades”, ha apostillado Virginia Fernández
Asimismo, la delegada ha aclarado que las acciones podrán englobar todas las especialidades incluidas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas, “esto quiere decir que el catálogo está completamente abierto con el fin de facilitar la puesta en marcha de las acciones que se crean más oportunas y necesarias, es decir, las que vosotros creáis que se adapten mejor a vuestros territorios”. Y es que, como ha continuado Fernández, lo que se persigue “es la inserción y recualificación laboral de las personas desempleadas granadinas, combatiendo las altas tasas de desempleo que tenemos en la actualidad en nuestra provincia”.
Fernández les ha explicado que desde que se tuvo conocimiento de esta convocatoria, “tuvimos clara la necesidad de reunirnos con los principales agentes implicados para ponerla en marcha y poder concretar con vosotros las características de la misma, requisitos y abordar las dudas y cuestiones que tengáis al respecto. Queremos facilitar en la medida de lo posible la participación del mayor número de ayuntamientos de nuestra provincia en esta convocatoria ya que es por concurrencia competitiva”.
La delegada territorial ha destacado que esta convocatoria surge de escuchar las demandas de los propios ayuntamientos, “que nos habéis demandado y ofrecido vuestra colaboración para la ejecución de políticas activas de empleo, especialmente en materia de formación en muchas ocasiones y así, de este modo, los fondos distribuidos por la Conferencia Sectorial tendrán la mayor ejecución posible, y conseguiremos que lleguen al mayor número de desempleados en esta situación postpandemia con independencia del lugar donde vivan”.
Personas con especial dificultad de inserción
En dicha convocatoria podrán participar las entidades locales previstas en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, acreditadas o inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de Formación Profesional para el Empleo de Andalucía o, en su caso, en el Registro Estatal de Entidades de Formación para las especialidades formativas solicitadas.
Los colectivos a los que va dirigida son personas trabajadoras desempleadas de larga duración que requieran de recualificación profesional, mujeres desempleadas en situación de vulnerabilidad, así como desempleados con dificultades para su integración en el mercado de trabajo (perceptores de rentas mínimas de inserción social o de ingreso mínimo vital, desempleados mayores de 45 años, o con déficit de formación, con discapacidad, o personas inmigrantes en situación de desempleo).
El control de las obligaciones de justificación del importe total de la ayuda concedidas se verá reforzado con la labor de los funcionarios del cuerpo de habilitación nacional, los interventores y secretarios interventores de los ayuntamientos, lo que dotará de mayores garantías el procedimiento de justificación. Las entidades locales interesadas podrán registrar las solicitudes en un plazo de 35 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOJA.
