Adiós querida sanidad pública
Cuando hace unos años nos advertían de que la sanidad pública -auténtica joya de la corona de nuestro Estado de bienestar- corría serio peligro, ante la voracidad de los seguros privados y las suicidas políticas ultraliberales abrazadas con fervor por los sucesivos gobiernos del PP, no quisimos dar crédito a tan funestos augurios. Estábamos tan convencidos de que la sanidad pública era un derecho inamovible, que nunca podíamos imaginar que una crisis económica y otra sanitaria, iba a colocarla a las puertas de la liquidación.
La sanidad pública española lleva años funcionando por encima de sus posibilidades. Desde hace más de una década, tanto los gobiernos de España como los de sus diferentes autonomías están aprobando una serie de recortes sanitarios que han debilitado el sistema gravísimamente, dejándolo inerme a la hora de enfrentarnos a situaciones excepcionales, como la causada por la pandemia de coronavirus.
Para hacernos una idea del panorama recordemos que en 2020, España había presupuestado para el gasto sanitario público un 5,9% de su PIB, casi un punto menos del porcentaje dedicado hace once años. Si tenemos en cuenta que la media europea es del 7,5%, nos podemos ir haciendo una idea de hacia donde nos encaminamos.
La pandemia ha sido la puntilla para una sanidad pública agotada y lo que es peor, la excusa bajo la que se cobijan quienes desde hace años persiguen su privatización a toda costa.
Si el panorama general es desolador, el de la Atención Primaria es desesperante. Nada como aburrir a los pacientes que tienen en ella la puerta de entrada al sistema público de salud, para darle el tiro de gracia. Y es que nadie, absolutamente nadie, puede entender que casi un año y medio después de iniciada la pandemia, los centros de salud, donde acudíamos para que nuestro médico de cabecera nos atendiera cuando lo necesitábamos, sigan cerrados a cal y canto, con lo que ello supone para miles de personas, que se encuentran desconcertadas y sin saber que hacer cuando se ponen enfermas.
Con todos mis respetos para las nuevas tecnologías, que tanto están aportando a nuestra sociedad, para saber que le pasa a un enfermo hay que atenderlo presencialmente, hablar con él, mirarle a los ojos, ver el color de su piel, escuchar su voz, comprobar si le tiemblan las manos, palparle el vientre, auscultarle el pecho… y nada de eso se puede hacer por teléfono, si es que usted ha sido uno de los afortunados que ha conseguido una cita telefónica, o a través del servicio de Salud Responde, que casi nunca hace honor a su nombre.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia la escasa consideración de las administraciones hacia la atención primaria que ha afrontado la crisis sanitaria con una enorme debilidad. Mientras la OMS recomienda que se invierta en ella el 25% del presupuesto sanitario, en nuestro país, lejos de irse aumentando esa inversión, se ha reducido en 10 años, de 14,3% en 2009 a 13,9%, situándonos más de once puntos por debajo de esa recomendación.
Ante semejante panorama los «negociantes de la salud» se frotan las manos. No tienen ustedes más que ver la enorme cantidad de anuncios de seguros privados de salud en los medios de comunicación, para darse cuenta de por donde van los tiros
Lamentablemente, damos por hecho nuestro gran Sistema Nacional de Salud, pero ha costado mucho construirlo y es muy vulnerable al ataque y al desprestigio interesado de ciertos poderes económicos que ven en él un jugoso pastel. Reiterados mensajes interesados solicitando mayor colaboración o atender directamente ciertas prestaciones en la privada (pese a que esto aún no se haya demostrado más eficiente) contribuyen a aumentar el monstruo.
Las aseguradoras y centros sanitarios privados quieren comerse esta tarta a la que, hasta ahora, había sido difícil hincarle el diente por haber venido dando buenos resultados. Ahora, con la excusa de una crisis de orígenes distintos a los que se nos quiere hacer creer y por los que se nos insiste en culpabilizar, está a punto de llegar el fin de la sanidad pública tal y como la conocíamos
Para descender a lo más cercano, recordemos el compromiso del inefable consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien con su «florido» verbo, nos aseguró que los centros de salud estarían abiertos a principios de marzo y que se contratarían más de cuatro mil sanitarios para garantizar la asistencia durante los meses veraniegos en Granada. Ni lo uno, ni lo otro se ha cumplido y lo que es peor, según un informe de CCOO, más de la mitad de los centros de salud de la provincia, pertenecientes al Distrito Granada-Metropolitano que atienden al 75 por ciento de la población provincial, no sustituirán a los profesionales de Medicina de Familia durante las vacaciones. Por su parte el Colegio de Médicos de Granada reclamaba recientemente “un gran pacto en defensa de la sanidad pública en Andalucía, ante el deterioro que sufre”, dedicando un capítulo preferente a la Atención Primaria, cuya situación definió como «preocupante», advirtiendo de que «el sistema sanitario público de Andalucía sólo puede mantenerse con una Atención Primaria fuerte”, para lo que, además de contratar a más médicos, proponía, la utilización de la «teleconsulta solo como herramienta complementaria al acto médico y siempre consensuada entre el médico y el paciente».
A día de hoy, ponerse enfermo en Andalucía es una actividad de alto riesgo, pero sobre todo un ejercicio de enorme paciencia, ya que la demora media se sitúa entre los siete y diez días para obtener cita con su médico de familia, llegando incluso a superar las dos semanas, a lo que hay que añadir que, alrededor de la mitad de las consultas están cerradas por vacaciones y sin sustitutos.
Para rematar tan desolador panorama, el presidente del Sindicato Médico de Granada, Francisco Cantalejo, daba a conocer una instrucción de la Consejería para que los centros de salud no envíen a enfermos a las consultas presenciales de los especialistas, en áreas como traumatología, nefrología, dermatología y neurocirugía, sin ser atendidos de forma adecuada, lo cual es prácticamente imposible con centros de salud cerrados y profesionales exhaustos.
No nos engañemos, este escenario no es consecuencia de una pandemia, sino el fruto de un meticuloso plan para acabar con la sanidad pública y hacer un suculentos negocio, con quienes puedan pagarse una atención privada. Así será si no ponemos pie en pared y hacemos saber a nuestros gobernantes que no estamos dispuestos a dilapidar lo que tanto esfuerzo costó conseguir a nuestros padres y abuelos. Si Granada fue capaz de sacar a la calle manifestaciones de más de cincuenta mil personas para evitar la fusión hospitalaria, debería irse preparando para volverlo hacer, si no queremos perder nuestra sanidad pública.
