Malos tiempos para lo público (2)

La pasada semana repasábamos la primera lección del manual del perfecto privatizador, basada en el desprestigio y escarnio público de aquello que se pretende privatizar, hoy avanzaremos hacia la segunda lección de dicho manual que consiste en descapitalizar y dejar sin euro el bien o la institución que uno se quiere quitar de en medio, para de esta forma poder decir que se trata de una ruina y hay que expulsarlo del «paraíso» de lo público.

La semana pasada hablábamos de CETURSA-Sierra Nevada, la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, a los que habría que añadir el Parque de las Ciencias, el Legado Andalusí y quizás la Fundación Lorca, con cuyo titular la derecha patria nunca acabó de llevarse bien.

Si se paran un momento a analizar las instituciones, empresas públicas o entidades que la Junta de Andalucía ha colocado en el paredón de la privatización, o de su casi desaparición, observarán que se trata de algunas de las principales señas de identidad de Granada, tanto en lo económico, como en lo cultural o lo científico y que, por su singularidad, no tienen competencia alguna con el resto de Andalucía, por lo que cualquier Gobierno que tuviera el bien público como objetivo exclusivo de su acción, trabajaría para potenciarlas en beneficio de todos. En el caso de quienes, por nuestra mala cabeza, gobiernan Andalucía, ya estamos viendo que no solo no es así, sino que a la menor oportunidad, intentan tirar por tierra y liquidar esas realidades, fundamentales para el futuro de nuestra tierra.

Llama poderosamente la atención que quienes durante años, hicieron bandera del agravio territorial, clamando por la gestión autóctona de la Alhambra y Sierra Nevada y que sus dineros se quedarán en esta ciudad, sean quienes, en cuanto han tocado poder, hayan emprendido unas políticas talibanas que, de mantenerse mucho tiempo, harán desaparecer cualquier atisbo de la singularidad de Granada.

Ante los tradicionales recelos del granadino de a pie para con todo lo que viniera de Sevilla o Málaga, Gobierno incluido, la respuesta más común era aquella de que «menos mal que no se pueden llevar la Alhambra y Sierra Nevada a Sevilla»… pues Juanma y Bendodo están demostrando que sí que se las pueden llevar, al menos en su gestión y sus dineros.

Si la empresa pública que gestiona Sierra Nevada lleva camino de su privatización, a mayor gloria de quienes llevan acechándola desde hace tiempo, ahora le llega el turno a la Alhambra, la auténtica joya de la corona de Granada, con la que el PP llevaba soñando desde los tiempos de Andrés Ollero y que ahora, tras la victoria electoral de las derechas y ultraderecha andaluza, por fin han podido «gestionar».

Cualquiera pensaría que después de tantos años deseando «reinar» en la colina de la Sabika, el PP tendría un plan para el monumento y, visto lo visto, parece que sí que lo tenían, aunque no fuera el que quien más quien menos podíamos imaginar, sino el dejar la caja sin un euro.

Así lo ha denunciado el PSOE, asegurando que «la pésima gestión y falta de previsión de la Junta de Andalucía ha dejado al Patronato de la Alhambra en una situación económica crítica, tras haber dilapidado 48,8 millones de euros de los remanentes de sus cuentas».

Según un informe de la propia Consejería de Hacienda y Financiación Europea, a principios de 2020, el saldo en la Cuenta de Tesorería del Patronato de la Alhambra era de 55,2 millones de euros, cifra que un año más tarde se sitúa en tan solo 6,4 millones de euros.

¿Cómo es posible que en tan solo un año esos remanentes hayan disminuido en casi 50 millones de euros? Pues porque parece que el pasado mes de diciembre, en plena pandemia del coronavirus, la Junta se llevó a Sevilla un total de 23 millones de euros de las arcas de la Alhambra para el Fondo Covid, con el que atender supuestamente necesidades derivadas de la crisis sanitaria; a lo que hay que sumar otros 20,4 millones de euros procedentes de la tesorería del monumento, que el Gobierno andaluz ha dedicado al conocido como Plan Alhambra, sobre cuya ejecución hay enormes dudas.

Así las cosas y después de dejar tiritando la caja del monumento más importante de Andalucía, Moreno Bonilla se ha visto obligado a recurrir a una modificación presupuestaria, para inyectar 5 millones de euros con los que  la Alhambra pueda atender sus necesidades cotidianas. Cantidad que aún sigue siendo insuficiente, al ser una quinta parte de lo que la Junta se ha llevado a Sevilla.

Visto lo visto no se extrañen, mis queridos lectores, de que sin tardarse mucho, aparezca una nueva auditoria, denunciando el «despilfarro» en la gestión de la Alhambra y concluyendo que su funcionamiento no es viable, salvo que se proceda a dar entrada a capital privado. Todo muy «cuqui» y previsible, tanto como la lectura que la Junta de Andalucía ha hecho del resto de auditorias, en lo que la profesora de Economía Financiera de la Universidad de Sevilla, Teresa Duarte y el Catedrático de Economía Aplicada de dicha Universidad, Juan Torres, consideran una flagrante mentira por parte del Gobierno Bonilla&Bendodo, el cual dice en su informe que en el sector público instrumental andaluz hay un «caos organizativo» y un «engorde artificial de la administración», expresiones que no se encuentran en ninguna de las auditorías publicadas. Tampoco están allí, ni en el propio informe de la Junta, las expresiones que el ínclito vicepresidente de la Junta utilizó para presentar sus conclusiones: «gastos innecesarios», «inoperancia», «superestructura desproporcionada», «red clientelar», «superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades».

Conviene recordar que ninguna de las expresiones utilizadas por Juan Marín,  para condenar la antigua gestión del Partido Socialista, aparece en una sola de las auditorías, lo que según ambos profesores, nos lleva a la conclusión, de que trasladando a la población esa idea falsificada de la realidad no solo se la pone enfrente de lo realizado por gobiernos anteriores falseando la realidad, sino que se crea el clima que la predispone para que el actual gobierno lleve a cabo lo que, en realidad, se proponía alcanzar y que había hecho público antes de que se realizaran las auditorías, que no es otra cosa que llevar a cabo una disminución generalizada de las entidades existentes, o lo que es lo mismo, la privatización de la mayor parte de ellas.

Amárrense los machos que vienen curvas y no solo en los termómetros.