Repatrían a otros 15 menores marroquíes solos desde Ceuta mientras piden otra vez suspensión judicial de las expulsiones
El Ministerio del Interior y el Gobierno de Ceuta han trasladado a las 10,00 horas de este lunes a otro grupo de 15 menores marroquíes migrantes solos que permanecían en la ciudad desde mediados de mayo para proceder a su expulsión al país vecino de acuerdo con el cronograma iniciado el pasado viernes que dos oenegés han solicitado a primera hora de la mañana por segunda jornada consecutiva suspender de manera cautelarísima con la mayor urgencia.
La petición ha sido registrada a las 9,00 horas por dos entidades, Coordinadora de Barrios y Raíces, en nombre de menores cuya repatriación estaba prevista tanto para este lunes como para este martes y está dirigida al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad, que es el competente para resolver sobre el procedimiento que está utilizando la administración para ejecutar las devoluciones, que a su juicio no se ajusta a lo establecido en la legislación de Extranjería y es arbitrario, según fuentes de la parte demandante.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta rechazó este domingo por la tarde en funciones de guardia la primera iniciativa judicial de este tipo al concluir que «la finalidad de asegurar la efectividad de la sentencia que en su caso pueda recaer ha decaído al haberse informado de que se ha llevado a cabo la entrega de los menores a las 10,00 horas a través de la frontera».
La reivindicación de los representantes de los afectados pasa por «suspender cualquier actuación material dirigida a repatriar a los menores demandantes a su país de origen, Marruecos», que se ordene «su inmediata liberación» y que queden «bajo la protección de la Ciudad Autónoma de Ceuta».
También reclaman que la Justicia inste a la Policía Nacional, a la Delegación de Gobierno y a la Ciudad a «que se abstengan de realizar ningún acto encaminado a la repatriación, devolución o entrega de los menores mientras se tramita el presente expediente de medida cautelosísima y se recaba informe del Ministerio Fiscal la suspensión del acto administrativo impugnado».
Según fuentes judiciales, la primera solicitud fue secundada por la Fiscalía hasta que conste el procedimiento y la resolución administrativa individualmente incoada para proceder a las expulsiones.
