Y hágase la luz
“Y dijo Dios: Sea la luz; y se hizo la luz.” (Génesis 1:3). Doy por hecho que en ese momento Dios no estaba pensando en el coste económico.
La desorbitada subida de los precios de la electricidad que estamos sufriendo actualmente, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, tiene un impacto general muy importante, ya sea directamente en el “bolsillo” de los ciudadanos como en la actividad de las empresas (los costes de producción también se encarecen, con la subsiguiente reducción de margen de maniobra financiera, capacidad de nuevas inversiones y empleo, e incluso puede llegar a poner en peligro la viabilidad de la propia empresa).
Según dicen los expertos, el incremento del precio de la electricidad se debe a la subida de los precios en el mercado internacional del gas natural, en el comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea y al incremento de la demanda debido a la climatología.
No obstante, a estas circunstancias sobrevenidas hay que añadir que el modelo energético actual tiene problemas estructurales, heredados de decisiones políticas del pasado, generalmente bienintencionadas, aunque no siempre: Aznar para bajar el coste energético de empresas generó el déficit tarifario (aparte de hacer una privatización e intervención en el sistema eléctrico que como mínimo se puede calificar de opaco), Zapatero para potenciar las energías alternativas provocó una burbuja, Rajoy con el denominado “impuesto al sol” que paralizó durante varios años la implantación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo, Pedro Sánchez con las nuevas tarifas eléctricas aprobadas en junio de 2021.
En el precio de la electricidad, la producción representa entorno al 24%, el transporte y distribución alrededor del 25-30%, y el resto son impuestos y sobrecostes (fomento de las renovables, costes extrapeninsulares, pago del déficit de tarifa).
A muy corto plazo poco se puede hacer, solo disminuir impuestos y esperar que baje la demanda, si la climatología lo permite.
El margen de maniobra del gobierno es reducido para activar medidas de efecto inmediato, siendo básicamente la reducción de impuestos y la potenciación de beneficios sociales para los consumidores vulnerables. En este sentido la rebaja del IVA y del Impuesto especial a la energía eléctrica es acertado, así como la suspensión del impuesto a la venta de producción de energía eléctrica. Todo el mundo conoce mi opinión acerca del actual gobierno (el peor que ha tenido la democracia española), pero en este tema creo que está actuando de forma adecuada.
A corto-medio plazo, hay medidas de índole legal y técnico que se deberían acelerar.
Se debería reformar el funcionamiento del mercado de compra/venta de electricidad entre productores y comercializadores. Así la propuesta del Ministerio para que las empresas con un “peso importante” en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales “a un precio fijado por subasta” es muy buena.
También se debería aprobar lo antes posible la creación del “Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico” que financiará los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, la parte regulada de la factura de la luz, dejando de formar parte de ella, y traspasándolo a comercializadoras de combustibles fósiles y a las generadoras energéticas que usan dichos combustibles fósiles.
Realmente, las soluciones son a medio y largo plazo, mediante el cambio del modelo productivo, energético, económico y de consumo de la sociedad, potenciando una mayor eficiencia que disminuya la demanda, e incrementando la interconexión de las redes eléctricas europeas.
Aparte de estas acciones, desde algunos partidos políticos se han realizado otras propuestas. Siempre es bueno que se aporten ideas diferentes, aunque no siempre sean mejores e incluso aplicables.
En este sentido, la propuesta de PODEMOS de crear una empresa pública es inviable e inútil: ¿Cómo se van a expropiar las concesiones y derechos otorgados?, ¿quién las pagaría?, ¿la no obtención de beneficios compensaría los impuestos ingresados por el Estado?, ¿la gestión pública va a ser mejor que la privada?…
Igualmente, tampoco pienso que sea acertada la propuesta del PP de extraer los costes indirectos del recibo de la luz que pagamos, cargándolos a los Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que el recibo del usuario disminuiría, pero simplemente se pasaría a que los ciudadanos lo pagásemos con nuestros impuestos, incrementándose el ya abultado déficit público o debiendo subir impuestos para cubrir este nuevo sobrecoste. Además, es injusto, pues todos pagaríamos sin distinción de aquella gente que son derrochadores frente a los que hacen un uso racional de la electricidad.
