Vecinos de Lanjarón denuncian un nuevo posible «pucherazo» electoral del PP en las municipales
El municipio granadino del agua clara y puerta de entrada a la Alpujarra es de los pocos de España donde sólo concurren dos partidos políticos a las elecciones del 26 de mayo: el PP y el PSOE. Perder o ganar la contienda municipal depende de un puñado de votos. En la cita con las urnas del año 2007 ganaron los socialistas por 70 votos de diferencia. En las de 2011 lo hizo el PP por 26 votos. En 2015 volvió a ganar el PP con un margen de 451 votos. En todas estas citas para elegir el gobierno local se han sucedido las denuncias por fraude en el voto por correo, por incrementar el censo electoral o por otras prácticas poco éticas para asegurar el voto de las personas más vulnerables. En los últimos doce años los Populares de Lanjarón siempre se han situado en el centro de las denuncias, llegando a ser condenado su ex alcalde por una de ellas.
En las elecciones de este año la situación parece ser similar a las anteriores. Según vecinos del pueblo que prefieren quedar en el anonimato, «al margen de la cartelería en las calles y del ruido en las redes sociales y en los bares, la señal más clara de que en Lanjarón hay elecciones es la presencia de personal temporal contratado por el Ayuntamiento haciendo cola en correos, a la hora del desayuno, acompañados por algún miembro de la candidatura del PP para solicitar el voto, para recoger la documentación pero nunca para depositarlo. Ocurre en estas elecciones y ocurrió en 2015, señalan.
El trasiego por la oficina de correos ha sido diario desde que se abrió el plazo para votar por correo, según un trabajador de la oficina consultado por La Voz. Este diario ha podido constatar que hasta la fecha establecida para hacerlo se habrían solicitado más de medio millar de votos por correo, una cifra inusual teniendo en cuenta las características poblacionales del pueblo, con una población censada de 3.485 vecinas y vecinos, de los cuales sólo 2.971 podrán votar el próximo domingo. La participación en las autonómicas de 2018 fue del 67,43%. La cifra de votantes por correo para las elecciones municipales de este municipio superaría con creces la media de Andalucía en municipios del mismo tamaño y circunstancias, situada entre el 1% y el 5%. Y las de las autonómicas y generales.
El malestar y el enfrentamiento de los vecinos por estas prácticas presuntamente ilegales y antidemocráticas es permanente en el municipio, donde una parte tiene ya asumida y normalizada la manipulación y presión que ejercen miembros del PP sobre determinados vecinos del pueblo.
Recientemente desde el Ayuntamiento, según los vecinos, se ha filtrado un vídeo grabado desde una cámara de seguridad municipal, donde se aprecia a un vecino colocar un cartel en un banco con una escultura que representa a una pareja de personas mayores. El cartel denuncia lo que el vecino, plenamente identificado, entiende que son las presuntas prácticas fraudulentas del PP en el uso del voto por correo. El vídeo ha girado por redes sociales y fue el propio alcalde, del PP, quien lo puso en circulación.
En las elecciones del año 2015 la Junta Electoral de Zona de Órgiva se vio en la necesidad de ordenar la custodia del voto por correo y a dar una serie de indicaciones a los presidentes de las mesas electorales de Lanjarón «ante la previsible conflictividad que pudiera surgir en el recuento de esos votos». Se daba la circunstancia de que la cantidad de votos emitidos por correo a primera hora de la mañana en las cinco mesas electorales de la localidad ascendía a 424 sufragios, un 15% del censo electoral, cifra que podría suponer casi tres concejales de los once totales si la participación llegaba al 75%. En esas elecciones de 2015 el PP ganó al PSOE por 451 votos.
Desde el año 2007, los procesos electorales en Lanjarón están marcados por la sombra del fraude. Primero fue el empadronamiento masivo de familiares y amigos del anterior Alcalde del Partido Popular, José Rubio; después la creación de una especie de banco de alimentos para captar el voto de las personas más necesitadas del municipio y en las siguientes elecciones el presunto uso fraudulento del voto por correo.
La historia de la caza del voto a cualquier precio en este municipio comenzó cuando durante los días previos al cierre del plazo de confección del censo electoral de 2007, el entonces Alcalde de la localidad, José Rubio Alonso y tres de sus más cercanas colaboradoras, dos concejalas y la entonces secretaria general del PP Local, pusieron en marcha una iniciativa para ganar votos consiguiendo empadronar a más de un centenar de familiares y amigos.
El fraude llegó a consumarse y los “nuevos votantes” empadronados por el Alcalde y sus concejales depositaron su papeleta en las urnas de los colegios electorales de Lanjarón. El PP, a pesar de todos los intentos ajenos al proceder democrático, perdió las elecciones por 70 votos y el urdidor de la estafa democrática, Pepe Rubio, ha sido condenado, casi ocho años después, como autor responsable de un delito de alteración del censo electoral, a la pena de veinte días de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, sustituyéndose dicha pena por la de multa a razón de dos cuotas de nueve euros por cada día de prisión y multa de tres meses, con una cuota diaria de nueve euros.
Tras cuatro años de Gobierno municipal del PSOE, el PP se presentó a las elecciones de 2011 con un equipo casi totalmente renovado. De las personas participantes en el «pucherazo» de 2007, solo la Presidenta local del PP, Carmen Lidia Reyes, permaneció en la lista.
Para esas elecciones un miembro de la nueva candidatura del PP Local, creó una asociación denominada “La caridad”, cuyo objeto era gestionar un banco de alimentos para las personas más necesitadas. Se rumoreaba en el pueblo, según vecinos consultados, que el requisito para ser beneficiario de dicha asociación era, básicamente, votar al PP, pero que ese voto, además, había de realizarse por correo para que no quedara duda. Los populares ganaron las elecciones por 26 votos de margen.
Tres años después, el Fondo Estatal de Garantía Alimentaria, tras inspeccionar a la Asociación caritativa, constataría que la Asociación no estaba en disposición de justificar los criterios de selección de beneficiarios a los que atendía; igualmente el Fondo mantuvo que la entidad no disponía de una valoración de la situación de necesidad de sus beneficiarios y que no disponía de medios materiales y humanos suficientes para realizar la correcta distribución de alimentos. La Asociación caritativa abandonó “voluntariamente” el programa de garantía alimentaria pero nunca se llegó a investigar el uso que se había hecho de los alimentos, y a quienes se les habían distribuido.
Tras las elecciones autonómicas del 2015, unos vecinos hicieron llegar al Partido Socialista los sobres en los que llegó el voto por correo a dos de las cinco mesas electorales. Se comprobaba, de forma indudable, cómo un alto porcentaje de éstos sobres tenían escrito el remite por la misma caligrafía, precisamente los que pertenecían a personas contratadas por el Ayuntamiento y sus familiares.
El PSOE denunció estas anomalía ante la junta electoral y puso a su disposición los sobres. La Junta Electoral, ante la presunta gravedad de los hechos y la contundencia de las pruebas, llevó el caso al juzgado de instrucción, quien tomó declaración a los implicados, sin aceptar finalmente los medios de prueba propuestos por el PSOE.
Los juzgados cerraron la investigación sin atender la petición de los socialistas, pero aún así, en la fase de instrucción quedó demostrado que había un alto porcentaje de votantes por correo que trabajaron para el Ayuntamiento en los meses previos a las elecciones; muchas de aquellas personas entregaron la documentación para votar en el Ayuntamiento en lugar de en la oficina de correos y los trámites los hizo el alcalde y su equipo, ya que según indicaron en su declaración tenían el cargo en el partido de “Animadores del voto por correo”.
