CCOO anuncia movilizaciones para reinvindicar unos servicios públicos de calidad y los derechos del personal
El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa y la responsable de Área Pública del sindicato, Mercedes González, han presentado esta mañana las movilizaciones convocadas por CCOO para el próximo 10 de noviembre, ante la Subdelegación de Gobierno para exigir que se recuperen los derechos «arrebatados» a las empleadas y los empleados públicos, y garantizar el derecho de la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad.
Con estas movilizaciones, según indican, CCOO quiere reivindicar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Función Pública. Entre ellos, el mantenimiento del poder adquisitivo, la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición, o la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos, entre otros. En este sentido, el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha apuntado que en Granada, el sector público lo integran unos 60.000 trabajadores/as (el 25% de la población ocupada) con una tasa de temporalidad que se sitúa en el 29%.
Para CCOO, es absolutamente imprescindible un aumento del gasto público en los servicios que garantizan derechos de ciudadanía. Se debe garantizar la financiación de la Sanidad, los servicios sociales, la educación y la dependencia. También debemos mejorar el resto de servicios de las administraciones públicas, claramente mermados durante el período de austeridad extrema, de inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación de las y los empleados públicos. Requerirán de una especial dedicación los servicios públicos que atienden a las personas migrantes y refugiadas.
En este sentido, los dirigentes sindicales insisten en la importancia de los servicios públicos que “son la única garantía de equidad en derechos de la ciudadanía. Por ello, debe haber una apuesta clara porque estos se presten directamente por empleados y empleadas públicas, garantía de calidad en el desempeño de los mismos, lo que debe conllevar la reversión de privatizaciones y de servicios públicos externalizados”. CCOO reivindica, de este modo, que España debe recuperar el gasto social anterior a la crisis “para ir acercándonos a los países de nuestro entorno y, sobre todo, garantizar los derechos de la ciudadanía que la crisis ha puesto en riesgo, con copagos o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre otros”.
Nos movilizamos, ha insistido Mesa, “para exigir al Gobierno central que cumpla los compromisos, que mejore la calidad del servicio público a través del empleo” y ha querido destacar “el esfuerzo que están haciendo los empleados y empleadas públicos, que soportan sobre sus espaldas el peso de la recuperación de los servicios públicos, y lo hacen con escasez de personal, recursos y medios”. En este sentido, para el secretario general de CCOO Granada, la negociación de la mejora de estos servicios públicos debe abordarse incluyendo los procesos de modernización que garanticen el derecho de la ciudadanía evitando la exclusión digital y garantizando un mejor servicio.
Los recortes tienen sus consecuencias en el ámbito andaluz y provincial, en todos los sectores, aunque especialmente graves son en el ámbito sanitario. “Piensan que no tenemos memoria, pero hace apenas dos meses ante los problemas de acceso a la Sanidad nos decían que no había suficientes profesionales sanitarios, derivaron cantidades a la sanidad privada”.
Concretamente, la responsable de Área Pública de CCOO Granada, Mercedes González ha citado el despido de 8000 profesionales sanitarios en Andalucía, “1.600 de ellos en Granada”. En este ámbito, asegura González (CCOO), no se cubren las jubilaciones que se están produciendo con contratos estables. La demora en los centros de salud para consulta con médicos de cabecera es de una semana o dos según el centro, en centros urbanos y del área metropolitana de Granada. Y las listas de espera para primera consulta, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas se están incrementando progresivamente, ha concretado la dirigente sindical. Algo similar ocurre en Educación. Ámbito en el que se sigue haciendo una planificación de unidades educativas ilegal, por encima de la ratio máxima, lo que produce masificación en las aulas, sobrecarga de trabajo del profesorado y empeora la atención al alumnado de mayores necesidades. Además, termina González, seguimos con más de 100 vacantes de personal laboral sin cubrir en los centros educativos públicos de nuestra provincia (personal de limpieza, ordenanzas, personal de cocina, etc.).
