Alegan contra el futuro Plan Hidrológico del Guadalquivir por daños a agricultores y el río Castril
La Unión de Pequeños Agricultores de Granada ha advertido este jueves de que el futuro Plan Hidrológico del Guadalquivir puede «acabar con los derechos de los agricultores a regar pequeñas superficies», una circunstancia por la que esta organización agraria ha presentado alegaciones al texto, al igual que lo ha hecho, por posibles daños al río Castril, la plataforma ciudadana en su defensa.
En una nota de prensa, el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, ha denunciado que el borrador «pretende hacer una nueva redacción del artículo 43 para aumentar la distancia entre pozos de cien metros, como está recogido en la actualidad, hasta los 500 metros para cercenar autorizaciones que son vitales para los pequeños agricultores».
«El borrador del plan, en sus más de 4.000 folios, se viste de verde repitiendo en numerosas ocasiones» que se «está encaminado» al cumplimiento de objetivos ambientales, en referencia a la Directiva Marco del Agua, y a «frenar el cambio climático», pero, ha proseguido Chica, «obvia en todo su texto cualquier referencia a los componentes sociales y vertebradores del territorio» que el documento y «el uso y distribución del agua puede y debería considerar».
Por su parte, también este jueves, la Plataforma por la Defensa del Río Castril ha informado que, con los ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza, han presentado alegaciones al nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, el cual ha detallado que se está tramitando dentro del III Ciclo de Planificación Hidrológica.
En sus nueve alegaciones, esta plataforma vuelve a hacer hincapié en las soluciones alternativas al «trasvase del río Castril» que aseguran se está planificando de nuevo, un extremo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha negado que se vaya a producir.
En este contexto, desde el colectivo ciudadano han insistido a «los responsables de toma de decisiones» en el futuro Plan Hidrológico del Guadalquivir que «las obras que se pretenden acabar son ilegales y que pueden tener responsabilidades penales en caso que continúen manteniendo la pretensión de acabarlas, pues de facto se estarían saltando la sentencia firme del Tribunal Supremo».
