CSIF denuncia la “escalada” de agresiones a profesionales de la sanidad durante el último año
- El sindicato exige más vigilancia y medidas como botones antipánico. El 77% de las agresiones en 2021 fueron en forma de amenazas e insultos, siendo esta actitud la que más crece desde el comienzo de la pandemia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha lamentado que las agresiones físicas y verbales sigan siendo una realidad para los profesionales de la sanidad granadina. Según datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, durante 2021 hubo un total de 124 episodios de este tipo en la provincia de Granada, y ha reclamado a la Junta “más vigilancia en los centros, medias como botones antipánico, así como una mayor dotación de personal, ya que cuantos más recursos humanos haya mejor será la atención que se prestará a la ciudadanía y menor la posibilidad de que haya conflictos”, según ha destacado la responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez.
A nivel autonómico, en 2021 hubo 1.208 agresiones a profesionales del sector sanitario en toda Andalucía, lo que supone un aumento del 16% respecto a las 1.042 que se registraron en 2020. El incremento sube hasta el 30% en el caso de las agresiones físicas (230 frente a las 176 del año anterior).
En la provincia de Granada, el ascenso es de un 57 % más de agresiones a profesionales de la sanidad con respecto a 2020, pasando de 79 a 124 agresiones –95 no físicas y 29 físicas– durante el año 2021. Si comparamos con cifras precovid, los datos oficiales reflejan que Granada 83 agresiones durante 2018.
Núñez ha lamentado que “estos datos reflejan que estamos ante una lacra intolerable y que nuestros profesionales han pasado de los aplausos y homenajes a continuas e injustificadas faltas de respeto, malos modos e insultos”. La responsable sindical subraya que la mayoría de episodios violentos se han producido en la Atención Primaria, que acapara más de la mitad del total de agresiones, el 59,10%, “como consecuencia de los recortes de personal, de plantillas que soportan turnos extenuantes y que no dan abasto”. Asimismo, ha incidido en que el 41 % de estas agresiones tienen lugar en Admisión y en Urgencias, principalmente por parte de los pacientes y usuarios del servicio (en el 65,31 % de los casos) y ante una demanda no satisfecha (33,53%); por estar en desacuerdo con el trato o la atención recibida (22,52 %), o sin una causa aparente (en el 18,87 % de las ocasiones).
CSIF Granada ha señalado la necesidad de una mejor vigilancia y de más personal para atender a los pacientes y usuarios. “Urge adaptar la gestión sanitaria a las necesidades de un ámbito que está desbordado porque los múltiples problemas que hay en Atención Primaria no se resuelven proponiendo a los profesionales que doblen turnos, con el riesgo que eso supone para su seguridad y su salud”, ha apostillado Matilde Núñez.
El sindicato ha pedido a la Junta que se revise el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del SAS, que entró en vigor en 2020, en especial ahora que las agencias están integradas desde enero, y ha apostado por incluir este capítulo en la Mesa Técnica de PRL del Servicio Andaluz de Salud. “Es muy importante que, como establece el plan, se mantengan en todas las provincias las reuniones trimestrales entre la Junta, los interlocutores policiales, los responsables de los centros asistenciales y los asesores jurídicos, pero también pedimos que cuenten con los representantes de los trabajadores para así analizar la problemática desde todas las perspectivas y proponer medidas preventivas eficaces para reducir las agresiones”.
El sindicato también ha abogado por incidir en la colaboración de los trabajadores sociales como “agentes clave para la comunicación con colectivos potencialmente conflictivos”. En este sentido, ha lamentado que “en la práctica no se puede contar con ellos por el bajo nivel de sustitución que se está haciendo en esta categoría”.
Por ello, CSIF Granada insiste en la necesidad de adecuar el régimen sancionador a la realidad actual, de manera que sirva de medida ejemplarizante frente a conductas de este tipo. Al respecto, Matilde Núñez denuncia que en la mayoría de casos, las sentencias y multas con las que se condenan este tipo de agresiones “no son nada disuasorias ni van encaminadas a la prevención o a la concienciación ciudadana y dejan en situación de indefensión a los profesionales, que están demostrando su valía y labor durante toda la pandemia y que se encuentran saturados, exhaustos y sobrepasados por las cargas de trabajo”.
