Activado el protocolo de agresiones externas por el ataque a una funcionaria de justicia el pasado jueves

La Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Granada convocó con carácter urgente el pasado viernes el comité de seguridad y salud provincial con motivo de la agresión sufrida por una funcionaria del Servicio de Notificaciones y Embargos durante un acto de trabajo el día anterior.

En la reunión se ha acordado activar el protocolo de agresiones externas puesto en marcha recientemente por la Consejería de Justicia, que supone «prestar asistencia jurídica y psicológica a la víctima, entre otras medidas», según ha informado la Junta en una nota.

La primera medida adoptada en el seno del comité, que ha estado presidido por el delegado territorial, Enrique Barchino, ha sido activar este protocolo que incluye diversas medidas tanto para prevenir como para actuar ante agresiones de este tipo. Igualmente, se han valorado junto a los representantes sindicales diversas actuaciones posibles para incrementar la seguridad de aquellos funcionarios que tengan que notificar comunicaciones en determinadas zonas de la ciudad.

Este protocolo incluye medidas como la asistencia jurídica a la víctima por parte del Gabinete Jurídico de la Consejería, ya que la agresión es considerada como accidente laboral al ocurrir en acto de servicio. Además, también se le va a ofrecer atención y apoyo psicológico a través del Servicio de Asistencias a Víctimas en Andalucía (SAVA), tal y como establece el protocolo.

Asimismo, tanto desde la Delegación Territorial como por parte de la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal se han mantenido reuniones con el juez decano de Granada, Alberto del Águila, así como con los responsables y la plantilla del Servicio de Notificaciones y Embargos para valorar la situación y conocer de primera mano propuestas que lleven a mejorar la seguridad de los trabajadores e interesarse por el estado de salud de la funcionaria.

Esta es la primera vez que se activa el protocolo por un «hecho grave», ya que el mismo fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre. Además, se trata de un documento pionero en nuestro país, pues es el primero que se crea de forma específica para la Administración de Justicia.

Con el mismo se pretende prevenir y actuar ante agresiones externas que pueda recibir el personal funcionario en el ejercicio de su trabajo. Así prevé una serie de actuaciones a seguir en materia de prevención, resolución y seguimiento de las situaciones de violencia externa en el lugar de trabajo contra los empleados al servicio de la Administración de Justicia, durante o como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

El documento establece la obligación de realizar una evaluación de los riesgos por violencia externa en todos los puestos de trabajo para la adopción de las medidas que procedan en función de los resultados de los riesgos detectados y según el tipo de actividad desarrollad. Igualmente, contempla una serie de medidas y formación con recomendaciones para detectar estos casos; una guía básica de orientación jurídica; y la necesidad de crear un Registro de Agresiones para poder elaborar un Mapa de Riesgo sobre Agresiones.