El contrato de luz del Ayuntamiento incrementa su coste en un 88%, según Unidas Podemos
- El grupo de UP denuncia el “abuso” de Endesa que pretende cobrar, además, un 20% extra al mes, 120.000 euros sobre el precio regulado
El grupo de Unidas Podemos e Independientes pide al equipo de Gobierno que no ceda ante la empresa Endesa, suministradora del Ayuntamiento de Granada, que está cobrando al Consistorio un 20% más en cada factura porque no reconoce la situación de prórroga forzosa del contrato de energía. El concejal Paco Puentedura informa de que desde que el contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento está en situación de prórroga forzosa, el 1 de diciembre de 2021, ya están llegando las primeras facturas que no se ajustan al precio regulado por el cual Endesa pretende cobrar un 20% más de lo establecido.
“Se trata de un nuevo abuso de Endesa respecto al contrato de energía eléctrica y, por tanto, el Ayuntamiento de Granada tiene responsabilidad de no ceder” sostiene el edil que agrega que “no solo se trata de que se haya incrementado el gasto en un 90% a consecuencia del incremento exacerbado de las tarifas, sino que esa subida le parece poco a Endesa y quiere cobrar un 20% extra”.
Lo que pretende la empresa es, señala el concejal, cobrar al Ayuntamiento 120.000 más por factura, alrededor de 1,5 millones por encima de lo previsto para el contrato que debe regular el Consistorio. Puentedura continúa explicando que ahora mismo la factura debería ser en torno a 800.000 euros mensuales y pretende Endesa que supere los 920.000, algo que, insiste el concejal, “es un verdadero abuso”.
Desde UP señalan que “llueve sobre mojado” ya que en el anterior contrato de suministro eléctrico suponía un gasto anual de 5,2 millones y ahora mismo, el contrato prorrogado se hace de 4,9 millones por 6 meses, “estamos hablando de un incremento del 88% del coste”.
De este contrato depende la luz de los edificios municipales, los colegios públicos, centros de servicios sociales, centros de atención a personas mayores, centros cívicos, equipamientos culturales y deportivos o el propio alumbrado público. “Lo que tiene que hacer el equipo de Gobierno es denunciar estas facturas que no se ajustan al precio regulado y, por tanto, a los límites económicos que tiene que tener Endesa, así como luchar contra los abusos de esta empresa en un contrato de suministro eléctrico que, en tres ocasiones ya, la suministradora se ha presentado por encima del precio convenido por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). “Hay que exigir el no reconocimiento de estas facturas y sancionar a la empresa por establecer precios muy por encima del mercado regulado y por, además, situarse frente a la administración casi en posición de rebeldía con ese 20% extra porque no reconoce la situación de prórroga forzosa”, sentencia.
