La Cañada Real «made in Graná»

Mientras asistimos estupefactos al Puerto Hurraco de la política de la mano del PP; mientras nos indignamos por enésima vez con el abandono cultural que vuelve a alejar a Granada de la posición de liderazgo que debería ejercer en el ranking del Observatorio de la Cultura que elabora la Fundación Contemporánea y nos sitúa en el décimo tercer puesto nacional, muy lejos del tercero de Málaga, o del sexto de Sevilla; mientras medio millar de empresarios se concentran sin políticos ni agentes sociales para protestar por el catastrófico panorama de comunicaciones de Granada; mientras la popular biblioteca del Zaidín se «bautiza» con el nombre de la malograda Almudena Grandes, para honor de esta ciudad y vergüenza de otras; mientras nos enteramos que las mujeres granadinas ganan un 18% menos que los hombres y están a diez puntos de igualar su tasa de empleo y mientras la Fiscalía denuncia por malversación de caudales públicos a la alcaldesa de Motril, en la «Cañada Real» de Granada, decenas de hogares siguen sin luz, aunque paguen religiosamente su recibo, los escolares se hielan de frío y no pueden trabajar con ordenadores ni wifi, porque no tienen luz en su cole y enfermos dependientes de equipamientos médicos viven con angustia el próximo apagón.

Seguramente ya habrán adivinado, que cuando me refiero a la «Cañada Real» de Granada, estoy hablando de la zona norte de la capital, que quizás por aquello de estar en una ciudad que no es Madrid, parece que su padecimiento tiene menos importancia que el que se sufre en la capital del Reino, aunque sea igual de indignante o más.

Las últimas semanas han sido especialmente difíciles en uno de los barrios más deprimidos de Andalucía. El mes de enero ha sido «terrorífico». Así lo  resumía Laura, vecina del Distrito Norte, al dirigirse a las personas concentradas a las puertas del Centro Cívico para denunciar, una vez más, los cortes de luz que sufre el vecindario. Porque como explicaba, los niños no pueden estudiar, la comida se tiene que tirar y las personas mayores no pueden subir a pie las escaleras cuando, por los cortes de luz, el ascensor no funciona.

El vecindario de la zona norte está cansado de vivir a oscuras y de una situación que se prolonga desde hace una década, haciendo imposible una vida normal, porque sin luz no se puede vivir.

La gota que ha colmado el vaso, si es que el vaso no estuviera ya más que colmado, ha sido el despropósito vivido en el colegio Luisa de Marillac, donde desde hace quince días, los problemas de suministro han llegado a tener solo una hora de electricidad al día. Según el director del centro, Basilio Granados, la situación se ha descontrolado por completo, haciendo casi imposible la tarea docente y social que desarrolla este centro, ubicado en la calle Molino Nuevo, una de las zonas más humildes de la capital, por lo que los problemas por la falta de luz se multiplican y afectan especialmente a una población muy vulnerable de 129 alumnos de entre 6 y 12 años, originarios de familias con pocos recursos, por lo que su vida en la escuela es fundamental para su futuro, incluso para su presente.

Mientras ENDESA nos sigue enredando con que si son galgos, o son podencos, centenares de familias que pagan religiosamente sus recibos, aunque para ello tengan que privarse de muchas cosas, viven angustiadas ante el próximo corte de luz que impida estudiar a sus hijos, calentar su casa, posibilitar que el abuelo pueda tomar el ascensor para dar su paseo, que la abuela no se quede sin su respirador, o que la compra del congelador no haya que tirarla a la basura.

El suministro eléctrico es esencial para el derecho a una vida digna y está constitucionalmente reconocido. El establecimiento del suministro, su recepción regular, en condiciones adecuadas de calidad y a un precio asequible, así como la creación del bono social, forman parte de este servicio esencial. Siendo esto así, la pregunta es ¿Por qué miles de ciudadanos llevan diez años recibiendo un servicio tercermundista aunque paguen las mismas tarifas que el resto?

¿Se imaginan que esa situación se viviera en las calles Recogidas, Reyes Católicos, Ganivet o Gran Vía? ¿Se imaginan que fueran los Escolapios o los Maristas, los colegios que durante dos semanas solo tuvieran luz durante una hora al día? ¿Cuánto tiempo creen que tardaría ENDESA en resolver el problema? ¿Cuales serían las sanciones que recibiría la suministradora por parte de las  administraciones competentes?

Todas esas preguntas se las repiten, un día sí y otro también, los vecinos de la Zona Norte que, ilusos ellos, siguen convencidos de que todos tenemos los mismos derechos, hayamos nacido donde hayamos nacido y vivamos donde vivamos, aunque ENDESA, ese «pedazo de empresa» que obtuvo el año pasado unos beneficios netos cercanos a los 1500 millones de euros, parece no pensar lo mismo y quizás por ello sigue sin resolver el problema diez años después.

Lo que está ocurriendo en la Zona Norte es una de las mayores injusticias que existe en Granada y los granadinos no solo la estamos permitiendo, sino que los hemos abandonado a su suerte, aumentando con nuestro pasotismo el deterioro de sus condiciones de vida y la brecha social que cada día se hace mayor.

Si como dice ENDESA, la culpa es culpa de los enganches ilegales… imaginemos la hipótesis de que todos esos enganches contrataran mañana la luz legalmente… ¿Eso arreglaría el problema? Rotundamente no, porque el problema es que no hay potencia, ni infraestructuras adecuadas para la demanda de esa población. Es ENDESA la que no cumple sus obligaciones y trata de desviar su responsabilidad en una situación que ellos han permitido y se les ha acabado por ir de las manos. Lo de los enganches ilegales no deja de ser una excusa que le viene de perlas a la empresa, para seguir incumpliendo sus obligaciones y no invertir lo que debiera en la renovación de sus instalaciones. Todo por nada. Esa es su filosofía.

Si alguien debe denunciar esos enganches ilegales es ENDESA, ya que es a la compañía a la que roban. Si ellos, con su maravilloso gabinete jurídico, fueran quienes denunciaran, habría más posibilidad de perseguir ese fraude, ya que la policía no puede entrar a las casas sin respaldo judicial y sin denuncias no hay caso. No se puede exigir a los vecinos que sean ellos quienes denuncien. Bastante tienen con vivir atemorizados y bajo las amenazas de los capos que hacen tan difícil la vida en el barrio.

Conviene recordar además que a ENDESA se le pagan estas pérdidas en la red, ya que, entre todos pagamos religiosamente ese quebranto y si comprueban sus facturas verán que tienen un concepto al respecto. Si hay enganches ilegales, ese no es pretexto para no dar el servicio, porque las pérdidas se las pagamos entre todos. Ellos nunca pierden.

Insistir en que en la zona norte, aun siendo uno de los barrios más deprimidos de Andalucía, paga la luz religiosamente más del 70% de la población. ¿Dónde están los derechos de ese 70% y quién los defiende? Pero como además, entre todos pagamos la derrama por ese 30% de pérdidas, hay que exigir que den un servicio decente sí o sí.

Lo que está fuera de toda duda, es que como ha dicho el alcalde del distrito Norte, Jacobo Calvo, «los niños y las niñas de Norte tienen el mismo derecho que los demás en todos los barrios de Granada a dar clase en las mejores condiciones posibles, y esas condiciones son una obligación del gobierno de la Junta de Andalucía que está discriminando y excluyendo a unos niños frente a otros, simplemente porque ni cumple, ni da la cara para acabar con el verdadero problema que provoca los cortes de luz”.

Y por último no olvidemos que cada día que pasa, la brecha que estamos provocando con este tipo de situaciones es más grande y más costará impulsar esas vidas para que prosperen… porque la zona norte es un barrio humilde no un gueto.