UP reclama que el nuevo PGOU incluya el Plan Especial de la Vega

• La formación mantiene que el vigente no se ha esforzado en controlar correctamente la degradación del espacio

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes reclama al equipo de Gobierno que informe de qué planteamiento tiene sobre el ámbito de protección de la Vega con respecto a la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Desde UP sostienen que la nueva remodelación del PGOU tiene que tener incluida el Plan Especial de Protección de la Vega ya que se trata de un espacio declarado por la normativa urbanística como suelo no urbanizable de especial protección y, es más, el POTAUG añade más protección aun cuando contempla que también se trata de suelo de regeneración agraria.

El concejal de UP Paco Puentedura asegura que la obligación del Ayuntamiento de Granada es que la gestión y planeamiento urbanístico implica que, “no solo tiene que proteger el suelo de la Vega, sino que, por otro lado, es necesario que se garantice su protección dado su valor paisajístico, natural y cultural”. El edil, remarca que la actividad agraria de nuestra Vega tiene que promocionar usos que garanticen su uso agrario, y eso “solamente puede hacerse a través de una figura jurídica como el Plan Especial, algo que ya había definido el Plan General del año 2000, la normativa vigente, pero que el Ayuntamiento de Granada nunca ha desarrollado”.

Puentedura añade que, por tanto, “si de lo que se trata es de diseñar un nuevo PGOU, es principal que se ponga sobre la mesa un avance del Plan Especial de la Vega”. Según el concejal, que “la Alhambra verde de Granada, su gran pulmón, esté debidamente protegida y se promocione su actividad agrícola puede ser fuente de riqueza y empleo para los granadinos y granadinas, si nuestra ciudad aspira a un nuevo modelo de desarrollo social y urbanístico”.

Para la formación de izquierdas, que se plantee un Plan Especial de la Vega en el nuevo PGOU es urgente, no solo porque obliga la norma, sino porque el PGOU del 2000 ha sido bastante escaso a la hora de controlar la degradación de esta zona protegida. Puentedura, a continuación, ha puesto como ejemplos que “no se ha cumplido con los criterios de regeneración agraria, no se han ordenado adecuadamente los usos, no se ha recuperado valor paisajístico y natural (como en el caso de entramado de acequias centenarios)”.

Desde el grupo municipal de Unidas Podemos, por tanto, proponen que este Plan Especial de la Vega debe contener distintas prioridades como definir a la perfección cuáles son las parcelas de interés supramunicipales, es decir, qué suelo se va a disponer para actividad necesaria para la ciudad y provincia (infraestrcuturas, sanitarias..), y cómo se va a definir su localización.

Por otro lado, agrega el edil, “también tienen que desarrollarse los sistemas generales de espacios libres, aquellas franjas de transición entre suelo urbano y no urbano del suelo de la Vega, la frontera del crecimientos urbano de la ciudad”. “No basta con decir que no se pretende abordar un Plan General que no implique más urbanización, el PGOU del 2000 contemplaba hasta 27 franjas que en su mayoría se están convirtiendo en verdaderos vertederos por falta de mantenimiento, o se han desarrollado de manera perversa como en el caso del antiguo botellódromo donde el verde brilla por su ausencia o en el Serrallo, donde el espacio fue privatizado”.

El concejal, por último, plantea que el nuevo Plan reordene todos los caminos de la Vega para su recuperación y acabe con el asfaltado ya que, dice, “donde hay una carretera hay tensión urbanística”.

Santa Adela

El concejal de Unidas Podemos Paco Puentedura ha manifestado su rechazo a la actitud “cicatera e incomprensible de la Junta de Andalucía” con el Ayuntamiento de Granada, en su decisión de exigir al Consistorio los intereses de demora del dinero que se ha conseguido ahorrar en el proyecto anterior de Santa Adela, tal como se ha sabido hoy en la Comisión municipal de urbanismo.

Dicho proyecto, ha explicado, tuvo una financiación a través del Plan estatal y andaluz de vivienda de casi 12 millones de euros, y se ejecutó por algo más de 9 millones, por lo que el Ayuntamiento por haberlo ejecutado bien consiguió ahorrar 2,3 millones. “Es incomprensible que, tras haber devuelto esos 2,3 millones, la Junta de Andalucía haya decidido cobrarle 161.000 euros de intereses de demora porque el Ayuntamiento tardó más de un año en cerrar las cuentas y devolver ese dinero”, señala el concejal.

“A juicio de Unidas Podemos, esta decisión de la Junta nos parece gravísimo porque se penaliza a quien gestiona bien, a quien consigue sacar un proyecto ahorrando dinero público”, por lo que, agrega, “la ciudad pierde 2,3 millones que podrían haberse invertido en rehabilitación de viviendas en otras zonas de la ciudad, por ejemplo, y además, tiene que pagar intereses por ese ahorro”.