La Subdelegación analiza los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha acogido este jueves una mesa de debate que ha analizado los derechos de las extranjeras víctimas de violencia de género, en un momento en que la mayoría de las personas desplazadas desde Ucrania hasta España y, en concreto, a la provincia son mujeres y menores.
De hecho, de las 474 solicitudes de protección temporal que se estaban tramitando en Granada a fecha del pasado martes, 214 eran mujeres y 202 menores, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa.
Ha sido la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer la encargada de organizar esta mesa debate en la que diferentes expertos han analizado los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y los recursos que la Administración del Estado pone a su disposición.
La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro ha sido la encargada de inaugurar este encuentro, dirigido tanto a personal que interviene con las mujeres víctimas de violencia de género como a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En su intervención, López Calahorro ha destacado que la situación singular de llegada de los refugiados procedentes de Ucrania «nos ha hecho impulsar esta jornada para que quienes trabajan con el colectivo de mujeres puedan conocer la situación, la normativa y los procedimientos que regulan los derechos» de las víctimas de «por ejemplo, la violencia de género, la trata con fines de explotación sexual, matrimonios forzados o agresiones sexuales».
Ha señalado igualmente que se contemplan medidas para la ampliación del bono social eléctrico para las familias monoparentales, que son el 13,2 por ciento de los hogares en situación de pobreza, y las mujeres víctimas de violencia de género.
En cuanto a la acreditación de víctima de trata y explotación sexual, López Calahorro ha destacado que «en la crisis derivada de la invasión de Ucrania, el desplazamiento masivo de mujeres, niñas y niños lleva aparejado un riesgo de trata con fines de explotación sexual, alertado por diversos organismos internacionales».
Requiere poner en marcha «medidas adicionales, adaptadas al actual contexto, para la efectiva detección de posibles víctimas, así como mecanismos de acceso a los derechos reconocidos en el artículo 12 del Convenio de Varsovia, a través de instrumentos ágiles de acreditación, no dependientes de la identificación policial. Y en el caso de cumplir los requisitos, el acceso al Ingreso Mínimo Vital».
