El comité de Transportes Rober anuncia paros ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo
El comité de empresa de Transportes Rober/Alsa, concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Granada, ha convocado un calendario de movilizaciones hasta finales de junio por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo y que incluye varias concentraciones, paros parciales y paros totales los días 10, 15 y 17 de junio.
Tras la compra de la empresa por ALSA, el comité de empresa (con mayoría de CCOO) está negociando el convenio colectivo para 2022 por primera vez con la multinacional tras un 2020 que, según afirma el sindicato en una nota, estuvo «lastrado por una pérdida económica para la plantilla, con un ERTE aplicado durante el Estado de Alarma» y un 2021 con una pérdida del poder adquisitivo del 5, 1 por ciento.
Para la negociación del presente año, la cláusula de revisión salarial a 31 de diciembre de 2022 se ha convertido en el principal escollo de la negociación, lo que ha llevado al comité a «romper las negociaciones transcurridos seis meses desde que se denunció el convenio».
Las asambleas de trabajadores, «con una asistencia masiva», han decidido acudir a las movilizaciones como herramienta para mantener el poder adquisitivo de sus salarios y que consistirán en concentraciones (20, 25, 27 de mayo y 8 de junio); paros parciales de seis horas a nueve horas (30, 31 de mayo, 1 y 6 de junio) y paros de 24 horas los días 10, 15 y 17 de junio.
Por último, desde el comité de empresa insisten en «que la prioridad es alcanzar un acuerdo y reclaman a la empresa concesionaria del servicio público del transporte urbano de Granada que haga un esfuerzo para que los trabajadores no se queden atrás perdiendo poder adquisitivo con la aplicación del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Granada».
Desde el comité de empresa piden además «comprensión» a los usuarios del transporte urbano por los «perjuicios y molestias que se puedan ocasionar» con estas movilizaciones, incidiendo en que sus reivindicaciones son «justas» pues responden a lo que «tiene derecho el conjunto de la sociedad, mantener el poder adquisitivo de los salarios».
