La Cañada Real de Almanjáyar

Batiendo récords de temperatura, con termómetros rozando los 44 grados, miles de granadinas y granadinos están viviendo la pesadilla de enfrentarse a ese infierno sin luz eléctrica y por lo tanto, sin aire acondicionado, frigoríficos, sin ascensores, o sin poder conectar el respirador para aquellos que lo necesitan. La Plataforma Contra los Cortes de Luz de Granada, ha vuelto a dirigirse a más de una veintena de organismos denunciando una situación, totalmente inaceptable.

Suele ocurrir en este país que todo aquello que no ocurre en el interior de la M30 no existe. Lamentablemente hay que metamorfearse en Madrid para que lo que ocurre fuera de la capital, merezca la atención política, mediática y administrativa suficiente, para dar respuesta a los problemas, cuando no a los dramas, que padece la ciudadanía. Es por eso que he decidido titular esta columna con el nombre de la Cañada Real, para ver si de esa forma alguien se da por aludido y empieza a entender que lo de la zona norte de Granada con la luz, ha dejado de ser un «problema», para convertirse en un auténtico drama social, cuando menos tran grave, como el que sufre el barrio madrileño del mismo nombre.

Hemos topado en Granada, Andalucía y media España, con empresas suministradoras de bienes de primera necesidad como ENDESA, que amparadas en un monopolio de facto, hacen y deshacen a su antojo, demostrando una falta de empatía hacia sus clientes, impropia de quien detenta un servicio público, como es el suministro eléctrico, imprescindible para nuestra vida económica y doméstica.

Olvídense de los eslóganes ni de zarandajas como lo de la responsabilidad social corporativa, para ENDESA, solo cuenta el beneficio de su accionistas, a costa de cualquier cosa, incluyendo un pésimo servicio, una peor atención al cliente, un trato lamentable a sus trabajadores y un nulo mantenimiento de las infraestructuras necesarias para un correcto servicio.

Con estos antecedentes no es de extrañar que los clientes de la otrora joya de la corona de las empresas públicas de este país, se sientan indignados rehenes, de una compañía que no quiere, no sabe, o no puede, dar un correcto servicio a quien lo paga religiosamente y a quienes ante las más que justificadas quejas, por los numerosos y reiterados desaguisados en el suministro, trata con la prepotencia y el desprecio, de quienes se saben blindados por sus mastodónticos servicios jurídicos, frente a la indefensión de sus clientes.

Miles de familias y negocios en Sevilla, Jerez, Córdoba y Granada, son víctimas y rehenes de una compañía que en 2018, fue considerada como la peor empresa del año por los consumidores y protagonizó seis de cada diez reclamaciones contra compañías energéticas con más del triple que IBERDROLA, la segunda en la clasificación.

En Granada más de 1.000 familias de las barriadas Cartuja y La Paz continúan sufriendo cortes de luz en pleno temporal de frío, o en plena canícula, por obra y gracia del pésimo servicio de ENDESA y su absoluto desprecio a las necesidades de sus clientes, lo que está impidiendo que esas mil familias granadinas, que pagan religiosamente unas facturas nada baratas, puedan cocinar, climatizar sus hogares, o tener energía para instrumental médico del que dependen decenas de vecinos.

La compañía ha agotado todas las excusas y todo su crédito y aunque es cierto que la Junta de Andalucía, está demostrando una incompetencia incalificable a la hora de tramitar los permisos solicitados para renovar los transformadores, ralentizado una solución definitiva al problema que sufre el Distrito Norte desde hace diez años, no lo es menos que el trato de la compañía para con sus damnificados es tan lamentable, como incomprensible la impotencia y la desidia que acreditan las instituciones, para exigirle que cumpla con sus obligaciones.

El suministro eléctrico es esencial para el derecho a una vida digna y está constitucionalmente reconocido. El establecimiento del suministro, su recepción regular, en condiciones adecuadas de calidad y a un precio asequible, así como la creación del bono social, forman parte de este servicio esencial. Siendo esto así, la pregunta es ¿Por qué miles de ciudadanos llevan diez años recibiendo un servicio tercermundista aunque paguen las mismas tarifas que el resto?

¿Se imaginan que esa situación se viviera en las calles Recogidas, Reyes Católicos, Ganivet o Gran Vía? ¿Se imaginan que fueran los Escolapios o los Maristas, los colegios que durante dos semanas solo tuvieran luz durante una hora al día? ¿Cuánto tiempo creen que tardaría ENDESA el resolver el problema? ¿Cuáles serían las sanciones que recibiría la suministradora por parte de las administraciones competentes?

Todas esas preguntas se las repiten, un día sí y otro también, los vecinos de la Zona Norte que, ilusos ellos, siguen convencidos de que todos tenemos los mismos derechos, hayamos nacido donde hayamos nacido y vivamos donde vivamos, aunque ENDESA, ese «pedazo de empresa» que obtuvo el año pasado unos beneficios netos cercanos a los 2000 millones de euros, parece no pensar lo mismo y quizás por ello sigue sin resolver el problema una décara después.

Lo que está ocurriendo en la Zona Norte es una de las mayores injusticias que existe en Granada y los granadinos no solo la estamos permitiendo, sino que los hemos abandonado a su suerte, aumentando con nuestro pasotismo el deterioro de sus condiciones de vida y la brecha social que cada día se hace mayor.

Si como dice ENDESA, la culpa es culpa de los enganches ilegales, si todos ellos contrataran mañana la luz legalmente ¿Se arreglaría la situación? Rotundamente no, porque el problema es que no hay potencia, ni infraestructuras adecuadas para la demanda de esa población. Es ENDESA la que no cumple sus obligaciones y trata de desviar su responsabilidad hacia una situación que ellos han permitido y se les ha acabado por ir de las manos. Lo de los enganches ilegales no deja de ser una excusa que le viene de perlas a la empresa, para seguir incumpliendo sus obligaciones y no invertir lo que debiera en la renovación de sus instalaciones. Todo por nada. Esa es su filosofía.

Si alguien debe denunciar esos enganches ilegales es ENDESA, ya que es a la compañía a la que roban. Si ellos, con su maravilloso gabinete jurídico, fueran quienes denunciaran, habría más posibilidad de perseguir ese fraude, ya que la policía no puede entrar a las casas sin respaldo judicial y sin denuncias no hay caso. No se puede exigir a los vecinos que sean ellos quienes denuncien. Bastante tienen con vivir atemorizados y bajo las amenazas de los capos que hacen tan difícil la vida en el barrio.

Conviene recordar además que a ENDESA se le abonan estas pérdidas en la red, ya que, entre todos pagamos religiosamente ese quebranto y si comprueban sus facturas verán que tienen un concepto al respecto. Si hay enganches ilegales, ese no es pretexto para no dar el servicio, porque las pérdidas se las pagamos entre todos. Ellos nunca pierden.

Insistir en que en la zona norte, aun siendo uno de los barrios más deprimidos de Andalucía, paga la luz religiosamente más del 70% de la población. ¿Dónde están los derechos de ese 70% y quién los defiende? Pero como además, entre todos pagamos la derrama por ese 30% de pérdidas, hay que exigir que den un servicio decente sí o sí.

No olvidemos que cada día que pasa, la brecha que estamos provocando con este tipo de situaciones es más grande y más costará impulsar esas vidas para que prosperen… porque la zona norte es un barrio humilde no un gueto.