Jornaleros y profesionales de la política
Como una mancha de aceite, la creencia de que todos los políticos son iguales y todos van a llenar el bolsillo se extiende por España y no la quita ni el jabón Lagarto. La gente se resiste a escuchar la verdad, prefiere oír cosas que refuercen sus prejuicios y apuntalen sus opiniones en la taberna. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fijan un sueldo de 90.010,20 € brutos al año para la presidencia del Gobierno, 84.600,72 € para las vicepresidencias y 79.415,16 € para los ministerios. Comparen.
Los sueldos de alcaldes y alcaldesas se regulan cada año en los PGE. En 2023, se ha fijado un tope de 46.464,02 € brutos anuales para municipios de 1.000 a 5.000 habitantes, 87.120,59 € para ciudades de 75.000 a 150.000 h. y 116.160,05 € para ciudades de más de 500.000 h. Ha habido alcaldes como Kichi que con 38.826,76 € brutos anuales, su jornal como profesor, han hecho el apaño. Todos los políticos no son iguales: los hay, pocos, decentes y los hay, demasiados, que exceden con creces la obscenidad.
La ideología neoliberal obedece a un concepto patrimonial del cargo público y hace de él profesión, obviando su carácter de servicio público. Además, considera que el cargo público es un instrumento al servicio de la economía de mercado que permite medrar y favorecer a la familia sin ningún pudor ni remordimiento. Hay muchos ejemplos, pero valga de muestra uno reciente: 103.090,32 € brutos al año gana Ayuso, 234.000 € se lleva de comisión Tomás Ayuso y 311.000 € deben los Ayuso a Avalmadrid.
Tras las elecciones municipales de mayo, la primera medida tomada en la mayor parte de los ayuntamientos ha sido fijar los estipendios para alcaldes y concejales. Suele ser una práctica habitual, después de cada cambio en la alcaldía, que refuerza la creencia ciudadana expuesta al principio. En esta ocasión, quienes acusaban a tirios y troyanos de despilfarro público se han alzado con la victoria en los comicios y se han lanzado a revisar al alza unos sueldos que hace tres meses tachaban de derroche.
Hay casos muy llamativos. La alcaldesa de Marbella se ha asignado una paga de 92.928 €, un 40% más. El de Cádiz, 68.888 €, 77% más que Kichi. En Yebes, 32% el alcalde y 51% el teniente de alcalde. En Sagunto, 14%. En Ferrol, 18%. En Motril, 19%. En Colmenar, 25%. En Náquera, 40%. En Durango, 66%. En Torrelodones, el coste global del consistorio sube de 484.509 € a 1,15 millones, 137%. Y miles de etcéteras. La gran mayoría son neoliberales del PP y Vox que votaron contra las subidas del SMI y las pensiones.
A pesar de la abrumadora evidencia, no todos son iguales y no todos van a llenar el bolsillo. Hay cientos de alcaldes y concejales que han donado parte de sus jornales, a pesar de los impedimentos jurídicos y administrativos que han tenido que sortear para ello, a pesar de la campaña de calumnias mediáticas que han soportado. Son jornaleros políticos. Y luego están los y las profesionales de la política como Luisa Chamorro en Motril o José Ignacio Cuevas Gabaldón en Jalance, auténticas vergüenzas políticas.
