Síntomas y evidencias del PP
Determinadas actuaciones llevadas a cabo por los y las gobernantes andaluces y granadinos del PP pudieran parecer tan sólo síntomas de algo mayor o peor, y por tanto, necesitarían para su toma en consideración política, mayor grado de constatación. Sin embargo, las evidencias de dichas actuaciones nos llevan a tener muy claro que la forma de hacer y de gobernar del PP no admite dudas. Cómo tampoco admite ninguna duda la finalidad y los objetivos que persiguen con el ejercicio del poder, por más que pretendan ocultarse tras una verborrea fantasiosa, chabacana y las más de las veces, insultante para una mente de medianas entendederas. Y por más ayudas, por acción u omisión, que se les preste por sus voceros y aliados coyunturales o permanentes.
El primer síntoma es el de la relajación administrativa, que no es otra cosa, que desposeer de derechos a la ciudadanía en sus relaciones con la Administración, de disminuir cuando no eliminar necesarios controles y supervisiones y, en definitiva, de permitir o hacer la vista gorda ante actuaciones de particulares que deben, en aras a la igualdad de los administrados, pasar unos filtros de legalidad, de oportunidad o de ambas. El reciente, y ya casi célebre, Decreto de Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, al que auguro un fuerte debate jurídico, y también político, parece ser el espejo en que se miran los sumisos dirigentes de provincias. Bajo la siempre atractiva verborrea de » agilizar trámites», «eliminar cortapisas» y «facilitar la actividad empresarial», dirigida a una población que (cierto es) en alguna ocasión ha sufrido los desajustes procedimentales de una Administración que pretende ser del siglo XXI sin haber conseguido homologarse a los tiempos, el PP pretende casi desregular determinados procedimientos muy sensibles, eliminando requisitos y, en definitiva, abriendo puertas (de atrás) a todo tipo de especuladores, ventajistas incluso desaprensivos cuidadores de su interés particular.
A la derecha, le «sobra» administración, le sobra poder público y regulación pública. Y no lo disimula. Ya he advertido en más de una ocasión que a este paso nos aproximamos a la «ley de la selva», en la que ya sabemos quien se beneficia. Curiosamente, quienes en otras ocasiones han clamado por las condiciones de acceso a los procesos públicos (Organizaciones patronales y empresariales principalmente) ahora callan. Seguramente aguardando la apertura de las puertas falsas, de las que esperan sacar partido. A ellos siempre se les ve la camiseta con la que juegan. Es de agradecer tanta sinceridad.
El vaciamiento de lo público, no ya como síntoma, sino como evidencia acreditada, se muestra nítidamente cuando nos referimos a los servicios públicos. De nuevo, un discurso aparentemente atractivo, tipo «nuevo modelo de gestión mas eficiente», «nuevas formas de actuación que buscan la eficacia y la comodidad», sustentado en la tozuda realidad de nuestra Función Pública (plantillas de elevada edad media, falta de reposición y por tanto escasez de personal), conforman el caldo de cultivo perfecto para que la derecha campe a sus anchas. Servicios que se dejan abandonados o bajo mínimos, que provocan enfado ciudadano, y que nuestras derechas vienen luego a «salvar», con las imaginativas fórmulas de la concesión o externalización de dichos servicios. Que, sin duda, se van a prestar a mayor agrado ciudadano y !por supuesto¡, a plena satisfacción de las empresas que primero sacarán todo el beneficio posible, y después, cuando ya no resulte tan rentable el asunto, tocarán a la puerta de «lo público» para que vuelva al rescate del servicio. Es la historia interminable.
Insisto, es una filosofía muy estudiada y muy bien planificada. No existe la discriminación por parte del PP a este respecto. Da igual que se trate de servicios no esenciales, sobre los que incluso se puede entrar a debatir si una cierta colaboración público-privada es conveniente, como que se trate de los más esenciales (salud, educación y servicios sociales), o incluso de aquéllos que por su carácter universal han de prestarse de manera que se garantice la igualdad en el acceso y disfrute. Para las derechas, cualquier servicio forma parte de su estrategia externalizadora y de vaciamiento de lo público. Fue un síntoma y es una evidencia.
Lo malo es que si no se reacciona a tiempo, llegará un momento en que resultará irreversible la situación. Las plantillas de trabajadores públicos ya no admitirán, ni aunque se quisiera, margen de mejora, ampliación o redimensión. Los presupuestos públicos ya habrán destinado el grueso de sus inversiones a otras prioridades. Y la ciudadanía habrá empezado a acostumbrarse a pensar que los servicios que contribuyó a crear con sus impuestos, han de prestarse en régimen de competencia y por tanto, lo suyo es aflojarse el bolsillo siempre y en todo lugar para poder hacer uso de ellos.
Conviene, pues, coger los síntomas por los cuernos, antes de que las evidencias nos cojan. Y conviene hacerlo rápida y contundentemente.
