En Andalucía, escenario de complicidades y silencios
Es de veras un espectáculo digno de ser narrado por la literatura más insólita cómo aquellos Jueces, cuyas convicciones ideológicas se alinean sin tapujos con la extrema derecha en España, mantienen su inmaculada convención de no intervenir en los asuntos políticos y, más concretamente, en los procesos electorales. Esta conducta de abstinencia ha sido particularmente notable y la hemos vivido con contumaz insistencia en Andalucía durante más de dos décadas. Conducta que ha venido proporcionando al Partido Popular un terreno fértil donde sembrar sus intereses sin mayores contratiempos. Los recientes comicios municipales y generales no hacen sino confirmar esta peculiar forma de proceder.
En las elecciones próximas, esta no injerencia judicial se ha resurgir, con la contumacia que solo los muy “seguíos”, que dicen aquí en el Sur, aplican a las cosas de su interés, cuando la compañera del Presidente del Gobierno de España fue citada para prestar declaración como imputada en un caso judicial que sólo puede describirse como surrealista. No se ha podido evitar, por más que se ha intentado, que no coincidiera con el proceso electoral a las Europeas.
Esta táctica, evidentemente, persigue la limpieza de los procesos electorales y que la izquierda juegue en igualdad de condiciones con la derecha más civilizada. Dejaremos para otro momento las tácticas del embarrado del terreno de juego.
Es fascinante observar que, en una Andalucía gobernada por Juanma, donde las promesas de nuevos hospitales, de eliminación de listas de espera, del incremento salarial para los profesionales de la salud y, en resumen, del fortalecimiento de los servicios públicos, resonaban con fuerza en sus soflamas electorales antes de acceder al gobierno, se haya optado por engordar las cuentas de una empresa de empresas. Una empresa distribuidora de productos farmacéuticos: BidaFarma.
Para ello se le ha aportado un sofisticado capital humano y una importante reestructuración de su cúpula directiva, creando un indispensable cargo de Gerente de Relaciones Institucionales. Y para que el refuerzo fuese completo, se seleccionó de manera totalmente transparente y en reñida competición, a la mujer de Moreno Bonilla en el estratégico y resultón puesto de Relaciones Institucionales.
Este puesto, de vital importancia, justifica su existencia en el hecho de que la Junta de Andalucía, gasta, bajo la firma de Moreno Bonilla, en una empinada curva de crecimiento, más de 2.5001000.000 € (dos mil millones de euro) anuales en productos de farmacia que requieren de una gran empresa distribuidora como BidaFarma en la que, obviamente, las relaciones institucionales con la Junta de Andalucía del PP son muy necesarias.
La inversión de BidaFarma en tan estratégico puesto, ha sido rentable y positiva para sus socios, así tenemos que mientras en el 2023 la media de crecimientos en gasto farmacéutico total en España fue de un 20%, Andalucía alcanzó la cabeza con un 29%, donde el gasto farmacéutico total por habitante fue del 23,4% entre 2018 y 2022 frente al 21% del resto de comunidades.
Así, el Partido Popular en Andalucía, dentro siempre de su buen hacer, parece haber redefinido con maestría el concepto de tráfico de influencias. Tal vez, estas prácticas hayan sido notificadas al señor juez Juan Carlos Peinado, por aquello de hacer compatibles y concordantes los criterios que utiliza, y coordinar estrategias judiciales que utiliza con el de sus compañeros de fatigas del Sur.
Solo desear que este domingo se empiece a poner fin a este círculo de complicidades y silencios facilitadores que se disfraza de imparcialidad, pero que no deja de hacer un uso indebido del sistema legal con fines políticos para perpetuar un sistema que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría.
