Desde la firmeza ante la presión y las dificultades: no nos rendimos
Me dispongo a partir de vacaciones. Triunfa la alegría por las sentencias del Tribunal Constitucional que desmontan los ERE, y nos brindan esas noticias alentadoras sobre lo inadecuadas que fueron las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo. Todo esto en un proceso que, como sabemos, se inicia mediante una denuncia presentada en 2009 por Zoido y Sanz en el caso Mercasevilla (1) , origen del Caso ERE, que casualmente cae en el juzgado de su, presuntamente, buena amiga la jueza Alaya.
Las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) dejan en libertad a hombres y mujeres justos y servidores públicos. Si éste no hubiera sido un caso político, es evidente que jamás habrían llegado las condenas ahora tumbadas por el Constitucional.
Si se hubieran investigado con rigurosidad las posibles irregularidades, algunas ya demostradas y otras en proceso de investigación, si se hubieran concentrado en los presuntos 70 intrusos y no en hacer una causa general, este escenario habría sido diferente. Hay muchos indicios que desvelan una clara intencionalidad en la instrucción, que se basó principalmente en un informe de la Intervención General del Estado, elaborado por contables y no juristas, enfoque contable que fue cuestionado por las defensas, pero que contó con el respaldo, apoyo y defensa de la instructora. El TC concluyó que este enfoque no era adecuado para fundamentar las condenas penales anuladas.
Las sentencias del Tribunal Constitucional, junto con los votos particulares en los distintos niveles judiciales previos, destacan una realidad: las decisiones judiciales no se han amoldado al derecho como debían y atentaron contra los principios básicos de separación de poderes. Esto, sin duda, es motivo de celebración por despejar las sombras sobre los cargos de los gobiernos socialistas perseguidos y condenados hasta ahora. Por otro lado, la amargura surge al ver cómo algunos han aprovechado esta coyuntura para crear enemigos internos, quizás con el propósito de justificar la errática trayectoria reciente y la falta de luz que se proyecta. La crueldad nunca puede animar nuestros actos porque separa caminos en lugar de unirlos.
Duele ver como muchos, que se reclaman de izquierdas y que en su día aclamaban a la instructora del caso, conocida por su cercanía con el antiguo alcalde de Sevilla, no han rectificado ni han denunciado la persecución política que sufrió el partido socialista y sus dirigentes en Andalucía. En este rincón de la tierra, donde los olivos hablan de secretos con el viento y las marismas esconden viejas luchas, la injusticia se manifiesta con la persistencia de una sombra que nunca desaparece del todo.
Pese a todo ello me voy feliz de vacaciones sabiendo que Chaves, Griñán, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Fernández, Gaspar Zarrías, Jesús María Rodríguez Román, Antonio Lozano, Miguel Ángel Serrano,… tienen un futuro más despejado, aunque la injusticia ha dejado cicatrices profundas en sus vidas, como hendiduras en la tierra arada.
Esta mezcla de alegrías y tristezas, de justicia y manipulación, deja un sabor agridulce que me acompaña mientras me alejo temporalmente de estos asuntos, esperando que el tiempo y la verdad se encarguen de poner cada pieza en su lugar.
Me temo que no dejaremos de ver cómo la derecha, mediática y judicial, seguirá intentando interferir en la vida política. No olvidemos que, en los últimos cinco años, por acotar, la relación entre la justicia y la política en España ha estado marcada por varias controversias y desafíos orientados a enfrentarse al gobierno progresista, destacando especialmente el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sentencias controvertidas, las manifestaciones politiqueras, el uso selectivo de la justicia y las interferencias políticas. Hemos asistido -cada día se revelan más datos- a cómo la justicia en España se ha utilizado de manera selectiva para perseguir a opositores políticos, con sorprendentes intervenciones en todos los procesos electorales y llegando incluso a pretender intentar atemorizar/condicionar al presidente del gobierno. Este fenómeno, que implica el uso de procesos legales con fines políticos para deslegitimar y neutralizar a adversarios, es práctica usual de la derecha española (y parece que se generaliza por Europa -recordemos Portugal- o por el mundo -recordemos Brasil-). La ciudadanía, como testigo silencioso de esta estrategia, observa cómo la integridad del sistema judicial se desmorona, erosionada día tras día por la manipulación y la descarada mentira de una derecha caníbal hambrienta de poder.
A la derecha andaluza y española, hay que recordarle que la crueldad es una sombra que oscurece la humanidad, y eclipsa toda la luz, haciendo que vivamos en las sombras.
PS: Para aquellos que les guste ver desde una perspectiva jurídica toda la trama que ahora se desmonta de los ERE, recomiendo la lectura de los tres artículos que ha escrito el maestro Tomas de la Quadra-Salcedo en El País.
[1] En el caso Mercasevilla, que se originó en 2009 con gran algarabía de la derecha en contra de IU y PSOE, se investigaron presuntas irregularidades en la gestión de la empresa Mercasevilla y la venta de sus terrenos. Finalmente, se condena a un alto funcionario, mientras que el resto de los 14 acusados, incluidos altos cargos políticos como Antonio Rodrigo Torrijos, fueron absueltos de todos los cargos.
