Juanma ya tiene su caso ERE
El Hijo Predilecto de Granada y presidente de la Junta de Andalucía, que llevaba transitando sus seis años de presidencia bajo palio, ya tiene su “Caso ERE”.
Según publicaba el martes “ElDiarioAndalucía”, la Intervención de la propia Junta, órgano de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, ha destapado miles de contratos menores “en fraude de ley” con los que el Servicio Andaluz de Salud, ha adjudicado a dedo 458,3 millones de euros a las mismas empresas en el ejercicio 2021.
El órgano fiscalizador acusa al SAS de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores –aunque en todos ellos el objeto de la prestación era “el mismo o similar”– con el fin de “disminuir la cuantía del mismo” para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, “eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva” y, en definitiva, “infringir la ley”.
La situación es de tal gravedad que la Intervención amenaza a la Junta con elevar un “informe de actuación” al apreciar indicios delictivos si no corrige el procedimiento antes de diciembre, ya que “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos”, adjudicando “contratos menores con un plazo de ejecución superior a un año”, en contra de lo dispuesto en la ley, y “sin los informes y autorizaciones” preceptivas por parte de la dirección competente, coinciden los cuatro documentos.
La Ley de Contratos del Sector Público permite a las administraciones saltarse los controles regulares de fiscalización y hacer adjudicaciones a dedo con carácter “excepcional”, sin publicidad ni concurrencia competitiva, para “supuestos de urgencia”. Los llamados contratos menores entran dentro de esta categoría, pero no pueden superar los 15.000 euros (para suministros y servicios), los 40.000 euros (para obras) o los 30.000 euros para prestaciones de asistencia sanitaria. Pues bien, en un solo año, siempre según este informe de la Intervención, el SAS gastó más de 458,3 millones de euros a través de adjudicaciones a dedo “concatenando” cientos de contratos menores con las mismas sociedades mercantiles: contratos menores de 5.000 euros, de 15.000 o de 30.000 euros, según la prestación. El órgano de fiscalización acusa a la Consejería de Salud de “alterar” sistemáticamente el objeto de esos contratos con el fin de “evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor que establece la legislación”.
Los informes de la Intervención describen el mismo modus operandi para el “fraccionamiento irregular” de contratos, constatando la gran cantidad de contratos menores que se licitaron con las mismas empresas, adquiriendo los mismos suministros con el mismo importe y por el mismo concepto, eludiendo publicar nuevas licitaciones públicas y vulnerando el principio de libre concurrencia”, advierte uno de los documentos.
El “abuso” sistemático de la contratación se ha traducido, según los auditores, en que un puñado de empresas elegidas a dedo por la Junta obtuviera pingües beneficios en detrimento de otras que no tuvieron la oportunidad de concursar por esos mismos contratos: farmacéuticas, laboratorios, constructoras, firmas de tecnología clínica, de transporte, de pintura, etcétera, así como el que la ausencia de una licitación de un contrato en abierto ha eliminado la posibilidad de que distintas empresas compitan entre sí y presenten ofertas económicas a la baja para ganar el concurso, lo que a la postre habría redundado en un ahorro para las arcas públicas.
Los cuatro informes de los auditores acreditan que han sido las grandes farmacéuticas las principales beneficiadas en volumen de gasto a través de contratos millonarios troceados cientos de veces para la adquisición de un mismo medicamento. En algunos casos, se contabiliza la firma de dos contratos menores al día –durante los 365 días del año– con la misma empresa y por el mismo concepto, multiplicando exponencialmente la factura inicial. Este escenario es especialmente delicado, ya que la esposa de Juanma Moreno es la gerente de relaciones institucionales de una de las grandes farmacéuticas que operan en Andalucía.
La contratación menor también se usó, de forma sistemática, para obras de rehabilitación en hospitales y centros de salud, para traslado de médicos y pacientes, para artículos de papelería, servicio de catering, empresas de seguridad privada, taxis…
Las cuatro auditorías del SAS son “desfavorables” y tienen carácter “definitivo”, es decir, la Intervención ha desestimado ya la gran mayoría de alegaciones presentadas por los gerentes provinciales del SAS para defender su criterio. Las alegaciones aparecen en los informes, pero en el caso de las duras denuncias que vierten los interventores por el abuso y el fraccionamiento irregular de la contratación menor, los responsables del SAS no hacen prácticamente ninguna objeción.
Si a esos 458 millones les sumamos los trescientos a que ascendieron los contratos de emergencia de ese mismo año, sobre los que también pesa un informe desfavorable de la Intervención Central del SAS, tendremos la “bonita” cifra de 758 millones de euros que el Servicio Andaluz de Salud ha adjudicado, saltándose a la torera todos los controles que garantizan la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades a la hora de contratar con la administración.
Ante semejante escándalo la Junta de Andalucía no cree que ese “fraude” en el procedimiento de contratación que describen sus propios auditores alcance esa cifra. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, se ha emplazado a finales de diciembre para que la Consejería de Salud -“que es el órgano competente”- responda a las duras denuncias de los interventores con “el correspondiente informe de implantación de recomendaciones”. “Veremos qué ha corregido y qué no”.
A la luz de este escándalo se van explicando mejor hechos ocurridos hace algunos meses, como que el exviceconsejero de Salud, fuera nombrado nuevo director médico de Asisa, tras beneficiar en 44 millones a esta compañía y autorizar prórrogas ilegales de conciertos por valor de más de cinco millones de euros.
Es verdad que no son los ERE, de momento, pero por montante y trapacerías administrativas se parecen bastante y que por la misma regla de tres del PP, según la cual Chaves y Griñán fueron responsables de lo que hicieron sus subordinados, Moreno también debería serlo de lo que han hecho los suyos. Solo falta una jueza Alaya que le meta mano… pero no ocurrirá.
