Jueces “estrella”

Hace tan solo unos días el Tribunal Supremo avalaba la legalidad de las ayudas de los ERE, destinadas a los más de seis mil trabajadores beneficiarios de los mismos, después del varapalo del Tribunal Constitucional que el pasado mes de junio consideró que los jueces no pueden declarar ilegal una ley. La corte de garantías concluyó que los órganos jurisdiccionales no pueden evaluar las normas emanadas de los parlamentos, porque estaría atentando contra la separación de poderes.

Se cierra así un larguísimo camino, en el que la política y algunos jueces se dieron la mano para acabar con la hegemonía del PSOE en Andalucía, cosa que al final consiguieron. En ese lamentable capítulo, preludio del lawfare masivo al que ahora estamos asistiendo, tuvo un papel estelar la jueza Mercedes Alaya, cuyas polémicas decisiones mediatizaron la vida pública andaluza durante años y se llevaron por delante, el honor, la hacienda, y en algunos casos la vida de decenas de servidores públicos, sin más culpabilidad que la de detentar un cargo de responsabilidad, en el momento en que Alaya se convirtió la Torquemada del PSOE.

Fue el caso de Marina Martín, delegada de la consejería de Empleo en Granada, detenida una mañana de marzo de 2015 en su domicilio y en presencia de sus dos hijos pequeños, el que colmó el vaso de la soberbia y la prepotencia de su señoría. Con motivo de aquella detención, desproporcionada y de todo punto injustificable, dirigí una carta abierta a la jueza Alaya, que ahora, tras la decisión del Supremo y de algunas actuaciones judiciales en la mente de todos, he creído oportuno rescatar en esta columna.

“Ni respeto, ni comparto, señoría, su actuación. Desproporcionada, peliculera, partidista y absolutamente parcial. Su aplicación de la Justicia es radicalmente contraria a la que exige el más elemental sentido común y el ciudadano de a pie. Ni su “troley” decimonónico, ni su perfil inexpresivo de esfinge egipcia, repetido hasta la saciedad en las fotos de portada y en los titulares de televisión, pueden ocultar que gran parte de las actuaciones como las ordenadas en el caso ERE, estuvieron claramente orientadas al titular fácil y al aplauso de sus hooligans, más que a servir al interés de la justicia, que a lo que se ve era algo muy secundario para su señoría.

No es que sus actuaciones estuvieran claramente dirigidas a influir en la vida política, que también; es que fueron tan brutalmente desproporcionadas que solo se explicaban desde el terror que imponía. Que no fueran revocadas una y otra vez por sus superiores es una de esas anomalías que solo pueden producirse en este país.

Ordenar la detención como usted hizo de la exdelegada de Empleo de Granada, Marina Martín, en su domicilio, a primera hora de la mañana y esposarla en presencia de sus hijos pequeños, solo sería explicable si estuviéramos hablando de un asesino, narcotraficante o mafioso internacional. Hacerlo en la mañana de un martes, para no tomarle declaración hasta el mediodía del miércoles -lo que supone mantenerla detenida más de 24 horas en dependencias policiales, donde debió pasar la noche en una celda- es de una crueldad solo propia de alguien con serios problemas de empatía. Montar una operación digna de un terrorista internacional, para dejar después en libertad a la “peligrosa” Marina Martín, hoy fallecida, sencillamente no tiene nombre. Se olvidó, señoría, una vez más, de las cuatro características que según Sócrates deben adornar al juez: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.

¿Qué pretendía señora Alaya, con semejante película? ¿Qué interés para la Justicia consiguió hundiendo a una excelente persona y causando un trauma que no olvidarán sus hijos mientras vivan? ¿Acaso necesita humillar a sus semejantes para restañar algún trauma personal e intransferible? ¿Cree de verdad que con semejantes barbaridades estaba de verdad haciendo justicia? Humildemente creo que no. Lo que su señoría se tiene es por ser dueña de vidas y haciendas del prójimo, habiendo perdido la humanidad, que es el más elemental principio de quien tiene la alta responsabilidad de aplicar justicia.

Las sospechas sobre la actuación de Marina Martín fueron tan “graves” que hasta usted no tuvo más remedio que ponerla en libertad tras su interrogatorio, mientras que la Fiscalía Anticorrupción no le imputó delito alguno ¿De verdad era necesario someterla a una experiencia digna del peor de los delincuentes? ¿Se puso por un momento, señoría, en la piel de su víctima? Con sus métodos, el justiciable deja de ser un ciudadano sujeto de derechos, para convertirse en una simple víctima, sin necesidad de juicio, ni de condena.

¿Cree, señoría, que Marina Martín se hubiera dado a la fuga si en lugar de enviarle a la Guardia Civil a su casa a detenerla, le hubiera ordenado presentarse en su juzgado el día y la hora que hubiera tenido a bien? ¿Sospecha que hubiera hecho desaparecer documentación irreemplazable para el caso? No, Sra. Alaya, sabe que nada de eso hubiera ocurrido, pero me temo que usted, como W. R Hearst, no permite que la verdad la estropee un buen titular. Créame que lo siento. Odio la corrupción tanto como el que más, venga de donde venga, pero no todo vale, doña Mercedes, y machacar, humillar y vejar a sus semejantes de la forma que usted lo hizo no tiene justificación posible.

El tiempo y una justicia más imparcial que la suya dará y quitará razones, pero cuando muchas de sus víctimas actuales acaben este procedimiento sin reproche penal alguno ¿cómo resarcirá la tortura que les ha hecho pasar, sin más justificación que creerse, como usted se cree, por encima del común de los mortales? Seguramente ni se lo habrá planteado, demostrando así que la Justicia es para usted algo absolutamente secundario. Una pena.

Por último, señoría, no siga dando razones para pasar a la historia por la definición del Cardenal Richelieu: “Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar”.

PD. A su disposición para lo que sea menester.”