El supuesto milagro sanitario del PP en Andalucía: para el 2025

Colapso en la Atención Primaria

Empieza el año nuevo y, como si de un presagio se tratase, la sanidad pública andaluza afronta su particular cuesta de enero, no en forma de balances y propósitos, sino de largas esperas, profesionales exhaustos y pacientes resignados. La promesa de un sistema público al servicio de todos parece haberse diluido entre gastos absurdos y manos privadas extendidas. El milagro sanitario que algunos proclaman se nos presenta más como un juego de espejos que como una realidad tangible.

El Diario de Sevilla, el 23 de noviembre, refleja el colapso de la Atención Primaria en la provincia homónima, una muestra del caos extendido por toda Andalucía. Cierres temporales en más de 30 centros de salud, pacientes desviados a instalaciones saturadas y profesionales sobrecargados son solo algunos de los síntomas de un problema estructural. Pero no pasa nada, porque si algo se les da bien a los mandatarios andaluces actuales, es resolver un problema creando otro mayor. Esto no es una anécdota aislada, sino el reflejo de un manual no escrito para desmontar pieza a pieza la sanidad pública.

Un buen amigo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), experto en servicios generales, comentaba recientemente sobre un artículo mío: “Interesante reflexión, pero si viniera acompañada de datos sería demoledor”. ¡Cosas de ingenieros, siempre con su afán de medirlo todo, aunque ya sea evidente! Pero tiene razón: aquí los datos, que son claros. Según el Diario de Sevilla, algunos centros superan ratios de 1.800 pacientes por médico, muy por encima de lo recomendado. Parece evidente la sobrecarga asistencial que afecta directamente a la calidad de la atención.

Por supuesto, Sevilla no está sola en este naufragio. Largas listas de espera en Granada; denuncias sindicales en Málaga; casi 79.000 personas esperan su primera consulta, y más de 18.000 están en lista de espera quirúrgica en Jaén; falta de recursos en Almería obligando a la ciudadanía a recurrir a urgencias hospitalarias ya saturadas; denuncias de CCOO, UGT y SATSE por el incumplimiento de pactos en Atención Primaria, denuncia que hacen después de haber oído los cantos de sirena del PP…

Las políticas actuales del Gobierno andaluz parecen más interesadas en regar el césped de los conciertos privados (¡y de qué forma!), como lo demuestra el incremento del gasto destinado a la sanidad privada. Desde 2019, este gasto ha aumentado en 235 millones de euros, lo que supone un incremento del 54%. Este modelo no solo perpetúa la precarización de la sanidad pública, sino que también fortalece un sistema dual en el que los beneficios se privatizan y los costes se socializan.

El acceso limitado a la Atención Primaria desata un efecto dominó desbordando las urgencias hospitalarias y obligando a muchos a recurrir a la privada, pagando por usar de su derecho. Esto no solo retrasa la atención de los pacientes más graves, sino que convierte al sistema en una máquina de gastar más por menos, desviando recursos hacia niveles asistenciales más caros. Mientras tanto, los hospitales privados, con su infalible olfato para los negocios, se llevan las atenciones más fáciles y rentables, dejando a la pública lidiar con los marrones: pacientes más críticos y tratamientos más costosos. El resultado es un círculo vicioso que mantiene al sistema público al borde del colapso, mientras la caja registradora de la privada sigue sonando como un villancico fuera de temporada.

Medidas de oro, sí, pero de ese oro que brilla más en unos bolsillos que en otros.

Y ahora, a finales del 2024 para dar paso al 2025 -El País de 11 de diciembre-, Moreno Bonilla nos sorprende con el anuncio de otra medida de oro: un plan de choque que promete citas médicas en menos de 72 horas. Vista en el papel, sin las gafas del conocimiento de gestión y la experiencia, suena llamativa, pero en la práctica será otra iniciativa que ignora los problemas estructurales de la atención primaria. Porque, ¿cómo se garantiza una cita en tres días en un sistema donde los profesionales ya llevan al límite su capacidad, y los pacientes que sí consiguen ser atendidos mediante las medidas propuestas, terminan generando un volumen de pruebas y seguimientos que luego recae en el horario ordinario de sus médicos de familia? En lugar de aliviar la carga, esta medida acabará engordando las esperas y las tareas pendientes, como una bola de nieve que crece sin control. Eso sí, repartirá dinero de manera generosa e ineficiente, reforzando la lógica de los rendimientos decrecientes.

Lo preocupante es que, como en políticas previas, esta decisión parece diseñada más para lucir en titulares que para arreglar los desaguisados reales. ¿Trasladar médicos de un distrito a otro? ¿Ampliar horarios cuando el personal ya está agotado? Es como intentar arreglar un atasco en una autopista poniendo semáforos. Son medidas que no atacan la raíz del problema. Lo que el sistema necesita es gestión tanto a nivel corporativo como de Distritos y Centros de Salud, no cosmética. Mientras tanto, los problemas reales siguen sin resolverse: la falta de planificación estratégica, el abandono de zonas desfavorecidas, el creciente traslado de pacientes a la sanidad privada y la saturación de las urgencias hospitalarias. Este modelo, disfrazado de medidas de choque, perpetúa un sistema desigual donde los costes recaen en lo público y los beneficios engordan lo privado.

En este panorama, la sanidad pública andaluza, que fue ejemplo de equidad y buen hacer, se ha convertido en una sombra de lo que era. Un rompecabezas desarmado, con piezas que apenas encajan, funcionando al límite y sin un manual que lo ordene. Cada decisión que debería apuntalar el sistema parece más bien diseñada para abrir ventanas al mercado privado, con una naturalidad que asusta. Y lo que antes eran derechos ahora se convierten, poco a poco, en lujos que pocos pueden permitirse.

Estamos en un momento de «retornos decrecientes para la pública», como diría mi yo economista: cada euro invertido en lo público rinde menos. Mientras, los márgenes de la privada crecen con frenesí. Pero no hace falta ser economista para verlo. Basta con mirar las esperas, las urgencias desbordadas o las propuestas caras cuyos resultados son ya hoy predecibles. Esto, al final, no es más que despilfarro camuflado de eficiencia, un retroceso donde los derechos se transforman en privilegios. Y eso, al final, lo entiende cualquiera.

Pero esto no tiene por qué ser así: reorganizar la atención primaria, aumentar la inversión en gestión eficiente y priorizar la equidad sobre el lucro privado son pasos necesarios para rescatar la sanidad pública antes de que sea demasiado tarde.

Mientras, no sabemos si Moreno Bonilla ha recuperado el sueño.