Todos a la cárcel
Ya han pasado más de dos meses desde la dramática tragedia de la DANA que afecto al sureste de España, y muy especialmente al entorno de Valencia. Ya se ha podido determinar de una manera precisa los estragos que origino este episodio extremo de inundaciones: 224 muertos, sigue habiendo 3 desaparecidos y más de 2000 millones de daños materiales (viviendas, fábricas, infraestructuras,…).
Se acusa al cambio climático de la magnitud de las lluvias y de las inundaciones (siempre es bueno que haya niños para echarle la culpa). Sin duda, alcanzó una virulencia tremenda, pero en las inundaciones ocurridas en 1957 en el mismo ámbito geográfico, la cantidad de lluvia caída fue un 30% superior.
En realidad, la magnitud de la tragedia es debida a la extremadamente negligente gestión urbanística del territorio, con ocupación de amplias áreas inundables, y por otro lado, el incompetente desarrollo y construcción de las infraestructuras de prevención frente a los riesgos naturales hidrológicos. Por ejemplo, las obras para el encauzamiento del Barranco del Poyo, principal cauce generador del desastre, llevan más de 25 años proyectadas y no se han ejecutado ni había previsión de ejecución.
Pasado estos meses desde la tragedia, ya se puede ir delimitando las responsabilidades que corresponden a cada uno de los organismos públicos que tenían competencias en la gestión del suceso. En todos los casos, su actuación se puede calificar como lamentable. No voy a hacer una relación minuciosa cada uno de las acciones que se fueron llevando a cabo, tanto antes, durante como después de la tragedia. Son tantas las cosas que habría que señalar, que yo no tendría suficiente espacio para escribirlas ni el lector tiempo para leerlas.
Por un lado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no cumplió adecuadamente con su cometido de prevención y aviso. Por su parte, el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana no actuó con la necesaria agilidad ni durante ni después de la inundación para la asistencia a los damnificados y de forma irresponsable no utilizó todos los recursos humanos y materiales disponibles. El gobierno central (Gobierno de España) ralentizó la ayuda buscando un redito electoral mediante la erosión política del gobierno valenciano. A estos hay que añadir a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cual ha mostrado una total dejadez de funciones de prevención y control, siendo especialmente grave el que no haya ejecutado las obras de defensa frente a inundaciones proyectadas desde hace más de 20 años en esta zona. Los unos por los otros, y la casa sin barrer.
Por otro lado, las declaraciones de algunos dirigentes políticos han sido de órdago. Especialmente deplorable fue la manifestación de la portavoz de SUMAR, Aina Vidal, de que “Los diputados no estamos para ir a Valencia a achicar agua”. Obviamente, aún hay clases y no van a mezclarse con la chusma.
Por no recordar la lamentable sensibilidad de ameba que mostró la actual mayoría “progresista” que gobierna España en su acción depredadora de ocupación de las instituciones públicas del estado, aprobando de forma urgente y en mitad de la catástrofe el decreto de control de la televisión pública, anteponiendo sus espurios interesas a cualquier necesidad de los españoles.
El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, y ha fracasado estrepitosamente en su función. El estado español ha tenido un funcionamiento de estado fallido en este caso.
Los comportamientos bastardos de los dos principales partidos del sistema político español solo sirven para alimentar el ascenso de los populistas de la ultraderecha, como espita de salida del malestar social frente a las oligarquías políticas ineptas solo interesadas en ocupar el poder en su provecho personal y sin atender al bien general y a las necesidades reales de las sociedades. El enfado de la gente le impide ver que estos grupos extremos no son la solución ni tampoco están capacitados para gestionar el país.
Desde el minuto uno de la tragedia se tendría que haber declarado la situación de Emergencia de Interés Nacional en la zona, con el envío del ejército y fuerzas de orden público, equipos de bomberos, médicos, obras públicas…
Quizás me deje llevar por mis planteamientos monárquicos, pero creo que SS.MM. los Reyes de España fueron los únicos que estuvieron a la altura de las circunstancias y dieron la cara ante las difíciles circunstancias. Las ratas huyeron de forma ignominiosa.
Los profesionales (ingenieros, geólogos, personal sanitario, etc) adquirimos una responsabilidad civil y penal en el ejercicio de nuestra actividad en caso de negligencia. ¿Los políticos y altos cargos no deben tener esa misma responsabilidad civil y penal en los casos que claramente han actuado de forma negligente y consciente, anteponiendo sus intereses particulares al interés general y generando un daño enorme a la sociedad?. Creo que se les puede acusar en su conjunto de un delito penal de homicidio involuntario.
El genial cineasta valenciano Luis García Berlanga rodó una película titulada “Todos a la cárcel”. Pues eso es lo que se merecen.
