A prisión por una estafa de más de 6.000 euros a ancianos fingiendo ser inspectora pública
La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para una mujer de 70 años detenida por la Policía Nacional de Granada, con una condena anterior por hechos similares, a la que se le atribuye la presunta autoría de estafar a más de una quincena de mayores, una cantidad de más de 6.000 euros, haciéndose pasar por inspectora de administraciones públicas.
La entrega del dinero se realizaba supuestamente «mediando engaño, una vez ganada la confianza de los ancianos y tras hacerse pasar por inspectora de diversas administraciones públicas, con el falso pretexto de mejorar las prestaciones económicas o los servicios de las más de 15 víctimas contabilizadas hasta el momento», según ha informado la Policía Nacional este viernes en una nota de prensa.
La investigación, llevada a cabo por agentes de diversas unidades de policía judicial de la Comisaría Provincial, se inició en 2019 y la presunta autora, de nacionalidad española ha sido detenida este año en un pueblo del área metropolitana de Granada.
La última de las denuncias recibidas llegaba en de diciembre de 2022. Durante este tiempo, las pesquisas han continuado y se ha recopilado información que, finalmente, ha llevado a la identificación de la presunta autora de los engaños, la cual era descrita por las víctimas como una mujer «de unos 60 años, baja de estatura y con el pelo corto quien siempre se presentaba como inspectora de una administración pública».
El ‘modus operandi’ utilizado por esta mujer habría consistido en «abordar a las víctimas, siempre personas de edad avanzada, sobre todo mujeres, a las puertas de sus domicilios, lugares donde ya había recabado la información que necesitaba, tanto en buzones, como a través de vecinos o familiares, e incluso por el testimonio de las propias víctimas».
Continuaba supuestamente «ganándose su confianza diciendo ser inspectora de alguna administración pública», que «iba cambiando» conforme «al interés o necesidades de cada víctima, según sus relatos o la información recopilada». Acto seguido y ya en el interior de los domicilios, habría rellenado «falsos impresos en los que tomaba nota de los datos reales de los perjudicados y se ofrecía a tramitar la documentación necesaria para obtener nuevas o mejores prestaciones económicas o de servicios».
Finalmente, según ha relatado la Policía Nacional, les habría engañado «haciéndoles creer que si pagaban una cantidad que les solicitaba en ese momento, la cual adecuaba en función de la capacidad económica de cada víctima, iban a ser beneficiarios de dichas ayudas en las mejores condiciones y, una vez obtenido el dinero solicitado, aprovechaba cualquier excusa para marcharse del domicilio».
Las cantidades estafadas a cada uno de los ancianos perjudicados oscilan entre los 120 y los 1.800 euros. Además, en una ocasión también habría sustraído «unos pendientes de oro y no en todos los casos investigados consiguió su propósito, ya que fue descubierta o tuvo que marcharse del domicilio para no serlo». Además, supuestamente «no dudaba en enviar fuera del domicilio a cualquier persona que se encontrase en el mismo, con el falso pretexto de cumplimentar algún trámite urgente y necesario, quedándose las víctimas a solas con ella».
