Acuerdo entre Fiscalía y 7 de los funcionarios acusados de comisiones ilegales en el nuevo juicio de Fitnovo

La Audiencia Nacional ha iniciado este martes un nuevo juicio de la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa sevillana Fitonovo por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, una práctica que se habría prolongado durante al menos 15 años en varias provincias.

Este juicio abarca la primera pieza de las delegaciones territoriales de administraciones y entidades locales; figurando una decena de acusados, que son al funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz Alfonso Lorenzo Iglesias; el funcionario de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla Rubén Francisco Galeote Espejo; el funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva Antonio Nicolás Méndez Cuadrado; el ingeniero técnico de obras públicas de la unidad de carreteras el Ministerio de Fomento Alfonso Martín Barroso; el que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Manuel Podio; el también funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco Javier Heredero Pérez; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; el que fuera jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz Garrido; el funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel González Palacios y el que fuese concejal popular del Ayuntamiento jiennense de La Carolina Cristóbal Pérez.

Según el escrito inicial de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el funcionario acusado Alfonso Lorenzo Iglesias habría recibido comisiones ilegales por valor de 1.385 euros de la trama; Galeote Espejo 20.000 euros; el funcionario también acusado Martín Barroso 67.336 euros; Méndez Cuadrado 5.800 euros; Carlos Manuel Podio Lora 111.822 euros, así como regalos de telefonía; Elías Oliver Morales 17.221 euros y dos coches en los que el encartado se habría ahorrado el IVA; Heredero López habría recibido 25.400 euros; Cruz Garrido 852 euros, así como artículos de informática; González Palacios 2.610 euros y una cámara de vídeo; y Cristóbal Pérez Martínez 38.929 euros.

Así, la Fiscalía les atribuye delitos de cohecho activo cometido por funcionario público, reclamando inicialmente para cada uno de ellos cuatro años de cárcel, multas de 6.000 euros y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Pero al comenzar la sesión, en la fase de las cuestiones previas, el tribunal ha anunciado un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de siete de los acusados, en concreto con los inculpados Alfonso Lorenzo Iglesias, Alfonso Martín Barroso, Carlos Manuel Podio, Elías Oliver Morales, Francisco Javier Heredero Pérez, Luis Miguel González Palacios y Miguel Ángel Cruz Garrido, quienes reconocen los hechos y han comparecido sin afrontar preguntas por las partes.

La Abogacía del Estado y la acusación ejercida por la Diputación de Sevilla se han adherido a dicho acuerdo, aunque la representación de la institución provincial sevillana ha anunciado que está «en trámite de ampliar» sus acusaciones al funcionario Carlos Manuel Podio, agregando al delito de cohecho activo los delitos adicionales de fraude a la administración, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, además de la petición de que el citado funcionario sea condenado a «reintegrar» a la entidad 111.822,61 euros.

La defensa de Carlos Manuel Podio ha avisado de que los hechos habrían prescrito respecto a su patrocinado y, además, se ha opuesto a esa «nueva calificación» alegando una situación de «indefensión efectiva», oposición que ha secundado la defensa de los dos restantes funcionarios de la Diputación de Sevilla acusados en este juicio.

Al respecto, el tribunal ha avisado de que dicha cuestión previa de la Diputación de Sevilla «ahora no se puede admitir», sino que la Diputación habrá de plantearla «en el momento procesal oportuno» de la vista oral iniciada y, entonces, «la sala se pronunciará si procede o no» ampliar la acusación contra Podio.

Acusados

Las defensas de Rubén Francisco Galeote Espejo, Antonio Nicolás Méndez Cuadrado y Cristóbal Pérez, de su lado, han expresado la «no conformidad» de los mismos respecto al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el resto de encartados.

Según la Fiscalía, la dirección de Fitonovo, «creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de una facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos» y, «al mismo tiempo, creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, acaparó contratos públicos usando medios ilícitos».

La empresa se habría servido supuestamente del «pago de comisiones en forma de entregas de efectivo o regalos a funcionarios o autoridades para lograr la adjudicación de los contratos públicos o para, una vez adjudicados, ejecutarlos incumpliendo los términos del contrato en beneficio de la empresa y perjudicando a la administración, a la que se facturaban servicios o trabajos no realizados».

Según detalla la Fiscalía, en las contrataciones restringidas, para las cuales se requiere al menos tres ofertas, «se establecía en connivencia con el funcionario una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas pero que en realidad actuaban en unidad de dirección con Fitonovo, fijando unas ofertas de las que siempre salía adjudicataria esta empresa».

Información privilegiada

En los concursos públicos, Fitonovo habría obtenido «información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones ventajosas», una información procedente de los funcionarios «en nómina» de Fitonovo.

«En otros casos, se llegaba a acuerdos para repartirse la contratación pública con empresas competidoras, llegando a acuerdos sobre las ofertas a presentar, los contratos de los que resultaría adjudicataria cada una o la subcontratación de los trabajos una vez adjudicados», agrega la Fiscalía, que aprecia «fraude en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitnovo concurría como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos trabajo del contratado».

«Dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, la empresa constituyó una caja B con la que pagar las comisiones entregadas a los funcionarios o para pagar regalos que se le hacían a estos», especifica el escrito de acusación del Ministerio Público, precisando que dicha «caja B» era alimentada «mediante facturación falsa de empresas suministradoras o proveedoras» de Fitonovo.

«La entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias».