¡¡¡Agua va¡¡¡

Hace mucho tiempo, cuando desde una casa se tiraban las aguas sucias se avisaba, generalmente sin mucho tiempo para reaccionar por parte de los viandantes, gritando “AGUA VA”. Podemos relacionar este hecho con la política: en política el agua no es incolora, inodora ni insípida, sino un elemento más de la disputa política.

El agua es esencial para la vida en sí misma, pero también para cualquier tipo de actividad humana, y de forma más concreta, para la economía de un territorio. Ha habido numerosos muertos en disputas por el agua.

Si a esto unimos las consecuencias de la sequía que desde hace años venimos sufriendo, convierte a la gestión de los recursos hídricos de Andalucía en un elemento de conflicto político-social. Aún recuerdo las profundas sequías que sufrimos a principios de los años 80, 90 y 2000.

Estos periódicos episodios de sequía llevaron a la construcción de infraestructuras para mejorar el abastecimiento de las poblaciones y de la agricultura. En este sentido hay que reconocer que la construcción de pantanos durante la Dictadura, siguiendo el plan de construcción de pantanos que había aprobado la República en 1934, fue un completo acierto (de forma jocosa, a Franco se la puso de mote “Paco Pantanos”).

Gracias a estas infraestructuras que se han ido construyendo en España desde hace más de 100 años, se ha podido incrementar y mejorar el aprovechamiento del agua, e incluso asegurar el abastecimiento, a pesar de las sucesivas sequías.

Una de las actuales discusiones es la demolición de “presas” para renaturalizar los cauces de los ríos, siguiendo las directrices emanadas de la Unión Europea. Este planteamiento tiene una concepción claramente noreuropea, área donde no tienen problemas de escasez ni de irregularidad. En general se trata de azudes o de pequeños embalses, en algunos casos inutilizados por su falta de mantenimiento. No obstante, en la mayoría de los casos son infraestructuras que facilitan el abastecimiento de poblaciones y explotaciones agrarias, disminuyen los riesgos de inundaciones, y su destrucción creará un impacto ambiental en zonas donde los hábitats ya se han adaptado al actual estado natural.

La posibilidad de construcción de nuevos embalses ya está muy limitada, tanto por cuestiones ambientales como porque ya casi no hay ubicaciones de interés para nuevos pantanos.

En diversas ocasiones se ha propuesta la realización de trasvases (Plan Hidrológico Nacional 2001 trasvase desde el Ebro hacia el norte de Cataluña, la Comunidad Valencina, Región de Murcia y Almería; Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007) pero nunca se han llevado a cabo,y este planteamiento derivo a una “Guerra del Agua” entre comunidades autónomas, provincias y grupos de signo contrario (agricultores, empresarios, ecologistas), según los intereses de cada uno.

Otra opción que se ha barajado es la construcción de desaladoras. En Andalucía hay en Almería y Málaga, pero no todas están en funcionamiento. Entre las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de la Nación está la construcción de dos nuevas desaladoras, una en la Axarquía malagueña y otra en Almería. El funcionamiento de estas instalaciones tiene un alto impacto ambiental en sus inmediaciones (la extracción de agua genera intrusión marina en los acuíferos, tiene un alto consumo energético y la salmuera que se devuelve al mar elimina la vida vegetal y animal del entorno), y económicamente el agua obtenida es cara, por lo que los agricultores prefieren otras vías de obtención de agua.

Las aguas subterráneas son una alternativa ambiental y económicamente viable, pero no hay disponibilidad en todas partes. Además, en muchas zonas hay una sobreexplotación de los acuíferos, como por ejemplo en Doñana.

La última disputa política a cuenta de Doñana es un claro ejemplo del “Agua Va”. Detrás de verdades de ambas partes, se esconden grandes mentiras.

Es cierto que el Parque Nacional de Doñana no se toca, pero la aprobación de nuevos regadíos afectaría negativamente al acuífero que nutre a este.

Por parte del Gobierno de la Nación, es verdad que la legalización de regadíos ilegales conllevaría un impacto sobre Doñana, pero se calla que aunque un agricultor tenga un derecho de convertir en regadío un secano, necesita una concesión de agua por parte del Ministerio, por lo que si no hay tal concesión, el derecho de regadío se queda en nada. Es decir, quedaría en manos del Gobierno central la efectividad real del decreto de la Junta de Andalucía.

Personalmente, estoy en contra de la aprobación del decreto por dos razones fundamentales: afectará negativamente a Doñana y no se puede premiar al infractor de la ley.

Otro elemento de habitual disputa son los campos de golf. Los alrededor de 100 campos existentes en Andalucía consumen aproximadamente el 0,3% del total de agua, correspondiendo en un 75% a aguas recicladas, y generan alrededor del 3% del PIB regional. Es decir, dentro de los posibles usos del agua, pienso que está justificada su actividad.

Igualmente, el aprovechamiento hidroeléctrico del agua de los pantanos en estos momentos de escasez también ha generado un importante y justificado rechazo social. Aunque las eléctricas cuenten con una concesión administrativa al respecto, su ejecución debería estar condicionado a las circunstancias del momento, usando la Administración su discrecionalidad potestativa.

Frente a este método de generación eléctrica, actualmente se está desarrollando las denominadas centrales hidroeléctricas de bombeo (o también “inversas”), que crean un circuito entre dos pantanos sin perdida de recursos hídricos. Hay un proyecto de este tipo en Granada, para aplicarlo a los embalses de Beznar y de Rules.

A diferencia del caso de Doñana, debemos celebrar el acuerdo de financiación que ha habido entre el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía y las Comunidades de Usuarios para desatrancar la ejecución de las canalizaciones de la presa de Rules. Se prevé el inicio de las obras a comienzos de 2024 y la puesta en servicio en 2.026. En este caso, el agua que va es transparente, inodora e insípida, para alegría general.

No hay soluciones mágicas y generales para el uso del agua, debiendo primar el bien general antes que el individual.

Obviamente, el primer paso es conseguir la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos hídricos disponibles. Para ello hay que conseguir que las redes de distribución estén en el mejor de los estados de conservación posible, con un volumen de fugas ínfimo. Hay que clausurar las captaciones ilegales. Habría que priorizar los regadíos que presenten una mayor eficiencia productividad/consumo (la agricultura consume más del 80% del agua total en Andalucía).Se debe de mejorar la gestión conjunta de las aguas superficiales y de las subterráneas, usando unas y otras de forma equilibrada y según disponibilidades reales y previstas (en este sentido, los últimos planes hidrológicos de cuenca aprobados en febrero de 2023, pecan de un exceso de conservacionismo hacia las aguas subterráneas, adjudicándoles un papel esencialmente como reserva para momentos de crisis). Hay que regular de forma más estricta el desembalse de agua para generación hidroeléctrica, aunque haya concesión de tal uso. Hay que promover la construcción de centrales hidroeléctricas de bombeo. Hay que alcanzar la depuración y reutilización del 100 % de las aguas residuales. Y en ningún caso hay que cerrarse a la opción de trasvases entre y dentro de las cuencas hidrológicas.