Alerta roja sanidad pública

La pandemia que tantas vidas y haciendas está destrozando continúa campando por sus respetos y llevando al límite a nuestro sistema sanitario que apenas si ha tenido tregua, desde que allá por marzo de 2020, se desatara la pesadilla en que nos hemos instalado y de la que aún no hemos podido despertar.

Pero la pandemia está siendo también la coartada perfecta para asestar un durísimo golpe a la sanidad pública, que a día de hoy en poco, o en nada se parece a la que teníamos hace tan solo dos años.

Si el panorama general es desolador, el de la Atención Primaria es desesperante. Nada como «aburrir» a los pacientes que tienen en ella la puerta de entrada al sistema público de salud, para darle el tiro de gracia. Y es que nadie, absolutamente nadie, puede entender que casi un año y medio después de iniciada la pandemia, los centros de salud, donde acudíamos para que nuestro médico de cabecera nos atendiera cuando lo necesitábamos, sigan cerrados a cal y canto, con lo que ello supone para miles de personas, que se encuentran desconcertadas y sin saber que hacer cuando se ponen enfermas.

Ante semejante panorama los «negociantes de la salud» se frotan las manos. No tienen ustedes más que ver la enorme cantidad de anuncios de seguros privados de salud en los medios de comunicación, para darse cuenta de por donde van los tiros.

Lamentablemente, damos por hecho nuestro gran Sistema Nacional de Salud, pero ha costado mucho construirlo y es muy vulnerable al ataque y al desprestigio interesado de ciertos poderes económicos que ven en él un jugoso pastel. Reiterados mensajes interesados solicitando mayor colaboración o atender directamente ciertas prestaciones en la privada (pese a que esto aún no se haya demostrado más eficiente) contribuyen a aumentar el monstruo.

Las aseguradoras y centros sanitarios privados quieren comerse esta tarta a la que, hasta ahora, había sido difícil hincarle el diente por haber venido dando buenos resultados. Ahora, con la excusa de una crisis de orígenes distintos a los que se nos quiere hacer creer y por los que se nos insiste en culpabilizar, está a punto de llegar el fin de la sanidad pública tal y como la conocíamos.

En Granada se tardan casi 3 años en operar de algunas dolencias y casi un año para poder ser atendido por un especialista. Esta demora es la que se recoge en el último balance de las listas de espera quirúrgicas y de especialidades de los hospitales de la provincia, publicado por la Consejería de Salud y Familias, correspondiente a junio de este mismo año.

Con respecto a la lista de espera de especialidades, y solo en la primera consulta, la espera media se reduce en 22,5 días, con respecto a hace un año, pero para situarse en 84,5 días, esto es, casi tres meses de espera, incertidumbre y pésima calidad de vida. Pero es que además, hay casi dieciséis mil granadinos más que aguardan aún a ser atendidos en consultas externas, y aumentan en más de trece mil, los que aguardan fuera de los plazos comprometidos.

Los usuarios de la sanidad pública andaluza pendientes de cita para una consulta externa se disparan en el Hospital San Cecilio, con un total de 32.253, o lo que es lo mismo, 6.611 más que en junio de 2020, aumentado en 5.611, los que se encuentran fuera de plazos, para alcanzar los 14.256.

Para la primera cita de Oncología, en el Hospital del PTS puede esperar hasta 61 días ¿Se imaginan lo que supone que una persona a la que se le ha diagnosticado un cáncer, tenga que aguardar ¡dos meses! a su primera consulta con el oncólogo? Sencillamente inaceptable, impresentable e inhumano.

Así las cosas y en lugar de emprender una ofensiva por tierra, mar y aire, para mejorar el estado de nuestra sanidad pública, la Junta de Andalucía parece confiar más en la sanidad privada, en su segundo intento para que no sigan disparándose las listas de espera, tanto quirúrgicas, como de pruebas diagnósticas, tras el fracaso del plan de choque que tanto anunció la Junta, antes de que la pandemia del coronavirus afectara la actividad de los hospitales públicos andaluces.

Según fuentes oficiales de la Junta, el SAS destinará un total de 130 millones de euros a la sanidad privada en este segundo plan de choque, que se extenderá hasta diciembre, mientras que a la sanidad pública tan solo 70 millones. Es decir, el 65 por ciento de los 200 millones estimados fortalecerán a la sanidad privada, en detrimento de la pública. Toda una declaración de intenciones.

Para más agravante, la Junta ha rechazado ampliar plantillas en los hospitales públicos para afrontar las operaciones y las pruebas diagnósticas pendientes, una nueva decisión que debilita la sanidad de calidad a la que tenemos derecho todos los andaluces.

No nos engañemos, este escenario no es consecuencia de una pandemia, sino el fruto de un meticuloso plan para acabar con la sanidad pública y hacer un suculentos negocio, con quienes puedan pagarse una atención privada. Así será si no ponemos pie en pared y hacemos saber a nuestros gobernantes que no estamos dispuestos a dilapidar lo que tanto esfuerzo costó conseguir a nuestros padres y abuelos.

¿Lo vamos entendiendo o necesitamos un croquis?