Blanco recalca que la Zona de Gran Afluencia Turística responde a una ley estatal de «obligado cumplimiento»

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha recalcado este miércoles en el Parlamento andaluz que la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a efectos de horarios comerciales en la ciudad de Granada responde al «obligado cumplimiento» de una normativa estatal sobre la que la Administración Autonómica «no tiene margen de maniobra», tampoco para conceder una moratoria, y ha incidido en que el propio Ayuntamiento «es consciente de ello» y ha solicitado al Gobierno central a través de una moción que «modifique su normativa».

Rocío Blanco se ha pronunciado en comisión parlamentaria sobre este asunto a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que le ha solicitado que «recapacite y conceda una moratoria» que permita estudiar bien el impacto que tendrá en el pequeño comercio la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para todo el término municipal de Granada.

La parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano ha hecho hincapié en que esta medida va a «provocar el cierre de un gran número de establecimientos» del pequeño comercio, además de que «no permite la conciliación laboral de los trabajadores» y propicia la pérdida de calidad en el empleo favoreciendo «un modelo de consumismo feroz».

Ha opinado que esta decisión «demuestra una vez más» el «antimunicipalismo en el que está instalado el Gobierno andaluz» al no haber atendido la petición del Ayuntamiento de Granada de que la declaración se limitara exclusivamente a las zonas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esto es, el entorno de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín.

Rocío Blanco ha incidido en que la Junta está obligada a cumplir esta normativa estatal, que además está refrendada por sentencias del Tribunal Supremo, que indica que en los municipios de más de 100.000 habitantes, si se cumplen determinados indicadores (como por ejemplo más de 600.000 pernoctaciones al año o puertos con cruceros turísticos con más de 400.000 pasajeros), se debe declarar al menos una zona de gran afluencia turística.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento solicitó una restricción temporal de la aplicación de esta medida a los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre que se estimó procedente, pero «no justificó debidamente» una restricción de la zona al ámbito territorial únicamente de la Alhambra, Generalife y Albaicín, ya que en estas ubicaciones solo se concentra el 17 por ciento del total de plazas de alojamientos turísticos y el 30 por ciento de los Bienes de Interés Cultural.

Según ha precisado, en las alegaciones del Ayuntamiento no se ha presentado justificación suficiente para limitar territorialmente a esas tres ubicaciones la Zona de Gran Afluencia Turística, y pese a mantener contactos con la corporación municipal para que subsanara la «inviabilidad» de su propuesta, la Junta ha tenido que aplicar el contenido de la ley estatal básica «de obligado cumplimiento» y declarar la ZGAT en todo el municipio.

La consejera ha concluido apelando a los gobiernos locales a que actúen «responsablemente y no de una manera interesada», pues se trata de una normativa «de obligado cumplimiento» que, en caso, de que no la aplicáramos conllevaría la declaración de libertad horaria comercial «en todo el municipio durante todo el año». «No podemos hacer una moratoria de una norma estatal, la Administración autonómica no tiene margen y si pudiéramos lo haríamos», ha asegurado en relación a la petición del grupo socialista.

La socialista Olga Manzano ha terminado lamentando la «actitud poco conciliadora» de la consejera y el «ninguneo» al Ayuntamiento de Granada, así como a los comerciantes, sindicatos y asociaciones de consumidores que se han mostrado contrarios a la liberalización de horarios en esta ciudad.