Cámara de Cuentas recomienda a la UGR publicar en portal de transparencia «la información requerida» por ley
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado a la Universidad de Granada (UGR) incorporar al portal de transparencia «toda la información requerida por la normativa, sin omisiones y evitando la dispersión» de la misma.
Así consta en el resumen del informe que ha realizado el órgano auditor sobre el cumplimiento de la legalidad en la gestión realizada por la UGR referida al ejercicio 2018, emitiendo una opinión «de cumplimiento con salvedades» y proponiendo recomendaciones de mejora, en relación con presupuesto y modificaciones; cuentas anuales y estabilidad presupuestaria; contratación; personal; y subvenciones propias concedidas y otras transferencias
realizadas.
Entre estas recomendaciones, la Cámara de Cuentas propone también a la institución académica granadina la regulación «con carácter permanente» del régimen de control interno aplicable a la Universidad, con «elaboración de un manual de procedimientos y funcionamiento en esta materia», así como de una «guía de procedimientos y funcionamiento en materia de contratación, en el que se indiquen las tareas a realizar y las responsabilidades de cada puesto».
Asimismo, aboga por que la UGR establezca una «adecuada planificación de la contratación», con «valoración y cuantificación previa de las necesidades a satisfacer», a fin de que, si estas «se consideran periódicas y continuadas en el tiempo», se opte por «la tramitación de los procedimientos ordinarios y sistemas de racionalización técnica» de las contrataciones, «evitando el uso abusivo» de las de carácter «menor».
Recomienda también un «estudio de mecanismos que permitan remover obstáculos o fomentar la carrera administrativa de la mujer» dentro del personal docente e investigador funcionario de la UGR, a fin de corregir «el sesgo de género observado», así como una «actualización de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios a las necesidades reales existentes» con «reducción del nivel de provisionalidad o interinidad».
El informe ha detectado, en relación con las modificaciones presupuestarias, una supuesta «vulneración de determinadas limitaciones legales aplicables a las transferencias de crédito», a la par que «falta de cuantificación del impacto de las modificaciones sobre los objetivos establecidos», entre otras cuestiones.
Por último, cabe destacar la ausencia de un plan estratégico de subvenciones, según detalla el resumen del informe, que apunta a un posible «incumplimiento del principio de publicidad y transparencia, por no inserción de las bases reguladoras y/o convocatorias y concesiones en diario o boletín oficial y en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones».
