Caracuel rechaza la Ley Celaá y reitera el compromiso del PP con la libertad de enseñanza
- Los populares piden la retirada de la LOMLOE por haberse planteado sin consenso ni dialogo con la comunidad educativa y provocar división social
El parlamentario andaluz del PP, Rafael Caracuel ha mostrado su rechazo a la Ley Celaá, con la que el Gobierno de España pretende, “entre otras tropelías, eliminar el castellano como lengua vehicular y dejar a las familias más vulnerables sin la posibilidad de elegir centro, atacando a la educación concertada”. Por ello, a diferencia de lo que está haciendo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, Caracuel ha reafirmado el compromiso del PP de Granada, que “desde el primer momento nos pusimos al lado de la comunidad educativa y las familias” y así se lo han trasladado ya a la plataforma Más Plurales.
El diputado autonómico granadino ha indicado que ese compromiso se materializa además mediante una Proposición No de Ley, que el grupo parlamentario popular ha registrado en la Cámara Andaluza para “frenar la injusticias” que el Gobierno de Sánchez pretende imponer con la Ley Celaá.
Así ha mencionado que entre los puntos de acuerdo de dicha iniciativa figuran: garantizar la existencia de distintos modelos educativos para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos, protegiendo para ello el sistema de conciertos educativos; mantener el concepto de demanda social como base para garantizar la libre elección de centro educativo, garantizar el derecho que asiste a las familias con hijos con necesidades educativas especiales a decidir escolarizarlos en aulas ordinarias, en aulas específicas dentro de los centros ordinarios o en centros específicos de educación especial; así como la defensa del castellano como lengua oficial del Estado y vehicular en la educación y la retirada del proyecto de reforma educativa LOMLOE, la conocida Ley Celaá, por haberse planteado sin consenso alguno y generar división social.
Caracuel ha trasladado también su defensa de la “educación especial”, y que las familias “puedan elegir el entorno educativo que consideren óptimo para sus hijos”. Asimismo, ha mostrado su disconformidad con otros puntos que contempla la citada reforma educativa, como “promocionar de curso con asignaturas suspensas, eliminar la oposición a los inspectores educativos y un largo etcétera, de una ley que pretende cargarse el sistema educativo español, eliminar la concertada y los centros de educación especial y frenar la libertad de elección de las familias”.
Por ello, reclamó al Gobierno de Sánchez e Iglesias, que en lugar de “imponer su modelo ideológico”, abra “un proceso de diálogo con la comunidad educativa, con los agentes sociales y las distintas fuerzas políticas que promueva y posibilite la consecución de un gran Pacto de Estado por la Educación”.
