Contundencia democrática y legal
Acaban de ser aprobados definitivamente, con una mayoría holgada, los terceros (terceros) Presupuestos Generales del Estado de esta legislatura. Los de mayor contenido social y solidario de la historia. Los que permiten que la igualdad y la justicia avance en nuestro país, y que los sectores más desfavorecidos encuentren abrigo y protección. Paralelamente, España sigue siendo el país europeo, cuya ciudadanía paga menos por la energía eléctrica, y además, seguimos siendo líderes en el desarrollo de medidas tendentes a contener los precios del gas. En definitiva, con la firmeza y contundencia democrática que otorga la legitimidad parlamentaria de las mayorías (amplias y plurales, como debe ser), y además con el evidente amparo de la legalidad vigente, este Gobierno aplica su programa y cumple con sus propuestas políticas. Procedimientos democráticos que sirven para evidenciar la falta de alternativa, de propuestas y de modelo de las minoritarias derechas políticas españolas. Pues así para todo. También para reformar los sistemas de elección y renovación de órganos constitucionales.
Para que no quepa duda ninguna. El procedimiento utilizado para ello era posible y no era ningún invento, aunque mejorable técnicamente, y además ha sido paralizado por decisión del Tribunal Constitucional. Sin compartirla, sólo cabe acatar la decisión, y además, no voy a realizar ninguna disquisición jurídica al respecto, más allá de la evidencia palmaria para todo aquel que no se ponga anteojeras, de que más que una protección jurídica a los parlamentarios, el TC ha buscado evitar la entrada en vigor de una norma que suponía su renovación. No en este post. Me interesa seguir reflexionando sobre la contundencia y fuerza de la democracia para solucionar problemas. Porque además, es el terreno del que huye despavorida nuestra vociferante derecha, que prefiere el lodazal. Para ellas, el mismo.
Y sobre la base del acatamiento, no acrítico, de la resolución judicial, toca proponer, legal y democráticamente, las reformas tendentes a modificar el sistema de elección, a asegurar la renovación y a impedir el bloqueo (ya escandaloso y antidemocrático) de los órganos constitucionales. Una vez acreditada fehacientemente la negativa de las derechas a realizar tales modificaciones. Y una vez también acreditado hasta donde están dispuestas a llegar para impedirlo. Cómo tales afirmaciones han quedado acreditadas, y como se dice coloquialmente, «hasta el tato» lo ha visto, no cabe ahondar más en ello.
Toca impulsar en el Parlamento la propuesta legislativa adecuada, toca debatirla (también para apreciar cómo las derechas gastan su derecho al debate), tocará mejorarla y tocará aprobarla con los requisitos de votos necesarios. Porque la mayoría de este país, y la mayoría de sus representantes legítimos, quiere desbloquear, renovar y reformar la composición de los órganos constitucionales. Y porque si ello se realiza con la contundencia democrática que la Constitución establece, no cabrá ya ninguna argucia o resquicio para impedirlo. Sólo quedará el muy legítimo derecho al pataleo. Y quedará un país más decente en términos generales y más habitable en términos democráticos.
Habrá finalizado la anomalía constitucional, y tocará ser didáctico para explicar (a quienes aún no se hayan dado cuenta) quienes y por qué nos trajeron a este bloqueo, quienes forzaron e impidieron el desbloqueo y a que fin iba dirigido el mismo.
Insisto, si es que para ese momento queda alguna española o algún español que no lo tenga nítidamente claro. La democracia está para solucionar problemas. Jamás una decisión democrática y legal, como la que aquí se esboza, puede ser tildada con los adjetivos repugnantes que las derechas aplican y sus graníticos voceros mediáticos replican. La realidad va por otro lado.
Y como ese otro lado, también incluye a veces, cierta confusión sobre la equidistancia en las responsabilidades, creo que lo más realista, adecuado y conveniente, es la opción por la pulcritud democrática, que dotará a la contundencia de atributos entendibles y comprensibles para la gran mayoría. Desatascar un bloqueo interesado, egoísta, partidista y espúreo. Y hacerlo para regenerar y reformar. La sociedad española lo demanda y lo agradecerá. Y quienes sigan exasperando y tensionando quedarán retratados y ahondarán en su falta de credibilidad ante una ciudadanía atónita.
Dar la batalla política en los términos señalados, no sólo es democrático y legal. Es además, inteligente y beneficioso para nuestro país.
