CSIF espera que la nueva Ley de Gestión de Emergencias cambie el futuro de cientos de bomberos de la provincia 

CSIF espera que la nueva Ley de Gestión de Emergencias cambie el futuro de cientos de bomberos de la provincia 

  • El sindicato reclama «consenso político» para aprobar la renovación “necesaria y urgente” de una norma que no se toca desde 2002

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) espera que la “necesaria y urgente” modificación de la Ley de Gestión de Emergencias, que está en vigor desde 2002 y que debe profesionalizar y homogeneizar el “servicio esencial” que prestan 4.000 bomberos en toda la comunidad andaluza sea una realidad a finales de 2021, para lo cual ha reivindicado “políticos valientes” y “el consenso inteligente de las fuerzas de la oposición”.

El Sector de Administración Local de CSIF Granada recuerda que “la modificación de esta Ley responde a necesidades de regulación y de mejora de medios materiales y humanos de este servicio esencial, que lleva dos años anunciándose tras diecinueve de parálisis”.

La modificación de la Ley ya está en trámite parlamentario –el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en marzo el inicio del procedimiento legislativo para modificar la Ley 2/2002–, de modo que a priori se someterá a votación en la segunda mitad de 2021. La medida fundamental será la definición de los grupos de clasificación en los que se encuadrarán las distintas categorías profesionales, lo que “permitirá continuar con el desarrollo legislativo que los bomberos llevan años reivindicando”. En concreto, esperan que se concreten y homogeneicen los grupos C1, B, A2 y A1, que se corresponden con las categorías de bombero y cabo, sargento, suboficial y oficial, una demanda que afecta a más de 355 funcionarios de bomberos en la provincia de Granada.

CSIF resalta que los 4.000 funcionarios que ejercen en las ocho provincias andaluzas “necesitan desesperadamente una legislación que establezca unas dotaciones mínimas de intervención para acabar con la precaria situación de profesionales que se encuentran solos en sus parques ayudados por voluntarios que hacen de bomberos”. En otros parques, por otro lado, “sólo hay dos o tres efectivos”, con lo que “no se llega al mínimo básico que establecen los procedimientos de intervención previstos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para velar por la seguridad de los bomberos y la de los ciudadanos a los que atienden”.

La nueva Ley, según el sindicato, debe resolver estas deficiencias y garantizar que habrá más personal en cada parque. Otro de los ejes del debate es el abuso de la contratación temporal, del que “los bomberos andaluces tampoco se libran”, añaden. En este sentido, la central sindical exige que la nueva norma regularice esta situación “a través de los correspondientes procesos de consolidación o estabilización” y que tenga en cuenta el “agravante” de que “en este colectivo se combina la figura del bombero interino con la condición de agente de la autoridad que el artículo 38 de la Ley 2/2002 atribuye al bombero funcionario de carrera en el ejercicio de sus funciones”.

Servicios de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS)

El sindicato también destaca “la decidida apuesta de CSIF por un desarrollo legislativo que homogeneice los Servicios de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) a través de una modificación puntual de la Ley que después se plasmará en dos decretos de desarrollo”, ambos ya en fase de borrador, que en principio “comenzarán a ver la luz a final de este año”.

Uno de los decretos, que está siendo trabajado por los bomberos de CSIF en el seno del Consejo Andaluz del Fuego (CAF), regulará el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la segunda actividad de este sector del funcionariado en Andalucía. El otro, también elaborado por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, normalizará la organización, el funcionamiento y la coordinación de los SPEIS. “Estos servidores públicos, en cuyo ADN llevan brindar ayuda urgente a los ciudadanos incluso a costa de poner en riesgo su propia integridad física, están viviendo una situación indigna y para resolverla necesitan de este ordenamiento”, señala.

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