Datos EPA: Granada necesita medidas contundentes para recuperar el empleo perdido y los derechos laborales, según UGT
Según los datos conocidos hoy, en Granada el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo en febrero ha sido de 105.958 personas, 1.600 más que el mes pasado (1,53%), y hay 22.808 personas inscritas en paro más que hace un año (83.150), cuando aumentó el desempleo en 471 personas.
En el análisis por sectores, ha bajado el paro sólo en construcción (-222), habiendo subido en el resto: agricultura (900), servicios (518), el colectivo de personas que buscan su primer empleo (344) y en industria (60). En cuanto a la contratación, durante este mes se han realizado en Granada un total de 35.818 contratos, 8.819 menos que en el mismo mes del año 2020 (44.637).
Del total de contratos de febrero, 33.889 han sido temporales, un 94,61%. En cuanto al total de contratos acumulados de 2021 (74.628, 21.361 menos que en 2020, cuando había 95.989) se han formalizado sólo 3.407 contratos indefinidos en la provincia de Granada, un 4,57% del total.
Para el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, estos datos hay que valorarlos muy «negativamente» ya que, además de suponer un repunte del desempleo, recuerda que muchos negocios permanecen cerrados, y cada vez son más las familias trabajadoras granadinas afectadas por ERTEs, por despidos o, simplemente, por una situación de incertidumbre laboral sin solución aparente a corto y medio plazo.
Ante este difícil panorama, el representante de UGT Granada exige a las administraciones públicas un paso adelante en materia de protección social y de derechos socio laborales, que debe plasmarse, con la mayor de las celeridades posibles, en la implementación efectiva de cuestiones como un incremento en el SMI acorde a lo establecido en la Carta Social Europea y al llevado a cabo por gran parte de los países de la Unión Europea.
Martín reitera además su petición de la derogación íntegra de las dos últimas reformas laborales; una apuesta clara y contundente por la mejora de la formación y la empleabilidad; medidas específicas y consensuadas para acabar con las desigualdades laborales, que faciliten el acceso al mercado laboral de nuestros jóvenes y que acaben con el drama del paro de larga duración.
Para el representante sindical, es el momento de avanzar en la agenda política pendiente para aplicar con contundencia medidas que recuperen los derechos laborales perdidos, para lo que las políticas activas de empleo, junto con los Servicios Públicos de Empleo deben jugar un papel protagonista en este sentido.
