Decisiones políticas
He de reconocer el profundo impacto que me han producido las declaraciones del señor Garamendi, presidente de la CEOE, y de varios miembros más de las cúpula de la organización empresarial, cuando han aseverado en estas últimas fechas que la decisión del Gobierno de España de subir el Salario Mínimo interprofesional (SMI) es una decisión de «tinte político». Y que además, dicha decisión «ya estaba tomada».
Impacto producido por la solemnidad con que se han producido esas declaraciones, que no se corresponde con un mínimo conocimiento de los mecanismos constitucionales y políticos que regulan nuestro sistema. Que la decisión «ya estaba tomada» no deja de ser un triste lamento por parte de quienes sobradamente conocían y conocen que la subida del SMI es una medida que estaba en el programa de gobierno, que primero fue votado mayoritariamente por la sociedad española en las últimas Elecciones Generales, y posteriormente también ratificado por la mayoría del congreso de los diputados en la investidura del actual gobierno. La decisión forma parte del compromiso político adquirido con el pueblo español, tanto directamente como a través de sus legítimos representantes.
Es respetable que la decisión guste más o menos, pero es evidente que la misma forma parte del programa político a desarrollar y que el Gobierno ha procurado adoptar dicha decisión en la mesa de dialogo social, con representantes sindicales y empresariales, partiendo de la premisa de que la misma había que adoptarla. Realmente, no es comprensible que se califique de «decisión ya tomada» lo que ha sucedido, ni mucho menos que esa afirmación pueda constituirse en algún modo de crítica.
Aunque bastante más llamativo resulta el calificar a la toma de decisión, como una decisión de «tinte político». Justamente eso es lo que cabe esperar de un gobierno (de cualquier gobierno), que adopte decisiones políticas, de calado político, con significado y consecuencias políticas. Si no fuera así, el gobierno (cualquier gobierno) estaría faltando a su responsabilidad y a sus funciones constitucionales. Y, por tanto, estaría defraudando, no sólo la confianza ciudadana, sino el más mínimo sentido democrático de su existencia. No quiero imaginar que eso sea lo que busca el señor presidente de la CEOE, que el gobierno no cumpla con sus obligaciones.
Es evidente que vivimos en tiempos convulsos, donde hay sectores sociales y ciudadanos que abominan de la política y que se muestran contrarios al sistema político que está vigente en España. Pero bajo ningún concepto esa manera de ver las cosas ha de llevarnos al abandono de la política. En nuestro sistema constitucional existen suficientes caminos para que se vehiculicen y debatan todas las posiciones. Cada cual desde la legítima representación que ostente, acatando y respetando las tareas y competencias de los demás. buscando la máxima conciliación, pero sin desacreditar la posición constitucional de quienes la tienen asignada.
Por tanto, el gobierno tiene que tomar decisiones de «tinte político», faltaría más, siendo consciente del contexto político, de las causas políticas y de las consecuencias políticas de sus decisiones. Explicando las mismas bajo el prisma político y la orientación política de su programa de gobierno. Haciéndose responsable de ello ante la soberana sociedad española.
Vayamos a que en este país puedan hacer política los jueces (o algunos jueces), los empresarios (o algunos empresarios), los medios de comunicación (o algunos medios), y se le critique al gobierno que la haga. ¡Hasta ahí podíamos llegar!
