Denuncian a 3 socios de Coviran por falsificar firmas en contra de la actual directiva
- Según se expone en la denuncia, los tres supuestamente habrían usado ilícitamente nombres, domicilios y números de DNI de más de 80 socios de Covirán
El Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha abierto una investigación por posible falsificación de documentos privados y ha citado a declarar como investigados a tres socios de Covirán para esclarecer si supuestamente usaron firmas falsas para promover una asamblea extraordinaria en la que relevar a la actual directiva de esta cooperativa, que cuenta con más de 3.000 supermercados en la Península Ibérica.
En un reciente auto el juzgado incoa diligencias previas a raíz de una denuncia presentada por Covirán y cita a declarar a los investigados el 16 de septiembre por considerar que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
En la denuncia, Covirán expone que los tres denunciados forman parte de un grupo de socios críticos con la actual Junta Directiva que se agrupan en torno al movimiento ‘Nos duele Covirán’ y les acusa de haber falsificado 80 de las 270 firmas que reunieron para pedir esta asamblea extraordinaria.
Según se expone en la denuncia, los tres supuestamente habrían usado ilícitamente nombres, domicilios y números de DNI de más de 80 socios de Covirán, además de haber firmado como si fuesen ellos, sin su conocimiento ni consentimiento para lograr falsas adhesiones a la convocatoria de esta asamblea extraordinaria contra la actual dirección, la cual quedó paralizada con el estado de alarma, según detalla el diario ‘Ideal’.
En declaraciones a los medios, la presidenta de la cooperativa, Patro Contreras, ha considerado «extremadamente graves» estos hechos y ha considerado que son «la punta del iceberg» de una serie de censurables prácticas difamatorias hacia la actual cúpula directiva que han tenido como único fin revertir, en beneficio propio, la decisión democrática de los socios de Covirán, que eligieron al actual Consejo Rector y a su presidencia en junio de 2019.
Mantiene que esta actitud ha puesto «en peligro la estabilidad de la cooperativa granadina (…) y el trabajo y la forma de vida de más de 15.000 familias», motivo por el han decidido llevar el asunto ante la Justicia.
