Detenida una pareja fugada de las autoridades italianas por delitos de fraude y organización criminal
Los fugados estaban siendo buscados por delitos de fraude como responsables de empresas a través de las que se realizaban presuntamente facturas por servicios inexistentes, obteniendo deducciones indebidas de impuestos
Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido a una mujer de 35 años de nacionalidad rumana y un varón de 43 años de nacionalidad italiana los cuales tenían en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (O.E.D.E.) dictadas por el mismo órgano judicial de Turín, en el norte de Italia, por delitos de fraude y pertenencia a organización criminal.
Los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial recibieron una comunicación por parte de la oficina de SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry – Solicitud de Información Complementaria a la Entrada Nacional), interesando la detención de una ciudadana de Rumanía para su extradición a Italia. La mujer de 35 años tenía en vigor una Orden de Detención y Entrega (O.E.D.E.) dictada por las autoridades italianas.
Una vez que iniciaron las gestiones para su localización, comprobaron que la mujer residía junto con su esposo en Otura, así como que éste también tenía en vigor otra orden de detención europea dictada por la misma autoridad italiana y por el mismo motivo, delito de fraude y pertenencia a organización criminal.
La pareja fue localizada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada en su domicilio situado en la localidad de Otura, donde fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.
Según la reclamación, la pareja fue condenada por autoridades judiciales de Turín (Italia), como parte de una organización criminal cuya actividad tenía el objetivo de defraudar el pago del IVA. Al parecer, los detenidos figuraban como responsables de varias empresas, a través de las cuales habrían realizado facturas por servicios inexistentes, obteniendo deducciones indebidas de impuestos durante varios años, en perjuicio del estado italiano. Por estas acciones se incluía una petición de pena máxima de siete años de prisión.
