Detenidos por ignorar la orden de cerrar su empresa tras varias intoxicaciones con sus boquerones
La Guardia Civil ha detenido a un empresario y a su esposa por hacer caso omiso de la suspensión cautelar de la actividad de su empresa ordenada por la Junta de Andalucía, después de que uno de sus productos, unos boquerones en vinagre, provocaran una alerta sanitaria el pasado mayo.
Se les considera autores de un delito contra la salud pública y de otro de desobediencia a la autoridad, ya que pese a la orden de la Delegación Provincial de Salud siguieron abiertos y vendieron sus productos pese a que «podían suponer un riesgo extraordinario e inminente para la salud pública».
Este empresario se dedica en un municipio de la Costa de Granada a la elaboración de productos de pesca y uno de sus productos, unos boquerones en vinagre, provocaron una alerta sanitaria el pasado mes de mayo.
En Sevilla y Jaén se detectaron dos casos de intoxicación por anisakis en los que resultaron afectadas cuatro personas y se descubrió que las cuatro habían consumido boquerones elaborados por esta empresa granadina.
Como estos boquerones en vinagre se habían distribuido a establecimientos de Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña, Canarias y Castilla-León, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición estableció una alerta sanitaria en la que advertía de la comercialización de boquerones en vinagre con presencia de parásito vivo anisakis de esta empresa, y recomendaba «a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de compra».
Tras tener conocimiento de estos hechos los inspectores del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada inspeccionaron la empresa. A la vista de las irregularidades detectadas, fue clausurada de forma cautelar el pasado 5 de mayo por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por considerar que el mantenimiento de la actividad podía suponer un riesgo extraordinario e inminente para la salud pública.
Dos meses después, el 7 de julio, los técnicos veterinarios del Distrito Sanitario Granada Sur de Motril solicitaron el auxilio del Seprona de la Guardia Civil para inspeccionar nuevamente esta empresa, porque habían sabido que había seguido funcionando a pesar de la suspensión cautelar que pesaba sobre ella.
El Equipo de Policía Judicial Medioambiental de la Guardia Civil de Granada y la Patrulla del Seprona de Motril acudieron junto con los inspectores del Distrito Sanitario Granada Sur de Motril e inspeccionaron la empresa.
Los agentes comprobaron que la empresa estaba funcionando de manera clandestina: dentro había cuatro empleados trabajando «en las funciones propias de la industria»; y además descubrieron que el detenido, presuntamente, había ignorado la suspensión cautelar y desde el día siguiente al de la clausura habían seguido facturando productos.
La Guardia Civil se incautó del ordenador de la empresa y los agentes han contado hasta 114 facturas expedidas, pero en las facturas aparecía el nombre de la mujer del empresario y no el de él, aunque el etiquetado del producto seguía siendo el mismo.
Durante la inspección se inmovilizaron 1.327 kilos de producto: boquerones, boquerones en vinagre, camarones, sardinas, rejos, calamar, pulpo y pulpo seco, por «riesgo inminente y extraordinario para la salud de las personas». Ambos detenidos, tras prestar declaración fueron puestos en libertad.
