Dos años de prisión por contrataciones ‘fantasma’ en Emucesa para dos exconcejales del PP en Ayuntamiento de Granada
Los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Granada Eduardo Moral y María Francés han aceptado dos años de cárcel por las contrataciones fantasma realizadas en la Empresa Municipal del Cementerio de Granada S.A. (Emucesa) en la anterior etapa de gobierno del PP en la ciudad, mientras que los cinco trabajadores beneficiados han aceptado penas de entre tres y nueve meses de prisión.
La Fiscalía solicitó inicialmente penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco años para María Francés por «realizar contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados» de Emucesa, entre 2005 y 2012, cuando la entidad era cien por cien pública. Se trató, según el relato provisional del Ministerio Público, de contratos de «alta dirección» en los que se simuló «una relación laboral inexistente», pues desde «el momento de la firma conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse».
El juicio por estos hechos estaba previsto a partir de este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, pero un acuerdo entre las defensas, la Fiscalía y el resto de las acusaciones ha evitado que tenga que celebrarse. Eduardo Moral ha aceptado dos años de cárcel y seis de inhabilitación para empleo y cargo público, mientras que María Francés ha aceptado dos años de prisión y cinco de inhabilitación, ambos por delitos de malversación, falsedad y prevaricación.
El acuerdo deberá ser no obstante ratificado este miércoles por el consejo de administración de Emucesa, que ha sido una de las acusaciones ejercidas en la causa junto al Abogado del Estado en representación del Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el PSOE y Vamos Granada.
La acusación particular ejercida por Emucesa sostuvo en su escrito de acusación que la finalidad de todas las contrataciones fue «la realización de servicios ajenos a la actividad y fines de la empresa», a pesar de lo cual Emucesa pagó los salarios, que cifró en su momento en un montante cercano a los 300.000 euros. A lo que sumó las prestaciones por desempleo que luego pudieron cobrar algunos de los contratados.
El abogado de la acusación ejercida por el PSOE, Joaquín Alcón, ha señalado en declaraciones a los medios a la salida de la Audiencia que este acuerdo «supone el expreso reconocimiento» por parte de los acusados de una contratación irregular que suponía «una financiación ilegal de un partido político» porque de esta manera, según su interpretación, «se estaba financiando el aparato administrativo de apoyo a los concejales que ejercían la función de consejeros delegados».
