El 95% de trabajadores PTIS e intérpretes de lengua de signos secunda la huelga convocada por CCOO
CCOO ha convocado para este miércoles, 15 de enero, una huelga entre el personal técnico de integración social (PTIS) y los intérpretes de lengua de signos (ILSE) que trabajan en los centros educativos públicos de Andalucía por el mantenimiento de sus empleos, ahora externalizados, así como una concentración a las puertas de la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla.
La práctica totalidad de las trabajadoras y los trabajadores se han desplazado a Sevilla y el seguimiento de la huelga ha sido del 95% en la provincia de Granada, donde hay más de un centenar de afectados: 134 son personal técnico de integración social de 120 centros y 18 Intérpretes de Lengua de Signos de 12 centros educativos.
El sindicato explica que a raíz del informe general de la Junta de 2016, «queda claro» que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación y Deporte «tiene hasta el 2022» para convertir estos puestos en públicos. Como consecuencia de ello, añade que en julio de 2019 la Consejería «comunicó su intención de rescatar dichos servicios».
Para el sindicato de Enseñanza de CCOO Granada, la Administración autonómica «está utilizando una engañosa intencionalidad», tanto con los PTIS como los intérpretes de lengua de signos, «haciéndoles creer que acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos» y «que la Administración no es la culpable de que no se pueda materializar la continuidad en sus puestos de trabajo», una vez rescatados ambos servicios.
El sindicato recuerda que se trata de un colectivo altamente feminizado con casi el 90% de mujeres que, a día de hoy, con las propuestas hechas por la Consejería, no tienen garantizada la continuidad en sus puestos de trabajo una vez se produzca el rescate de ambos servicios educativos.
Por ello, insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su artículo 130.3, que el sindicato transcribe: «En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general».
CCOO lamenta que desde que la Consejería comunicó que asumiría directamente dichos servicios, han realizado asambleas informativas y llevado a cabo acciones de protesta sin que la Junta haya convocado a los sindicatos a negociar una solución para estos trabajadores. Por este motivo, el sindicato informa que, tras una asamblea con los intérpretes y PTIS en diciembre, han convocado un calendario de movilizaciones para los próximos meses. Se trata de personal con contratos precarios, a tiempo parcial, percibiendo salarios y condiciones muy inferiores a los que le hubiese correspondido de estar contratados directamente por la Junta de Andalucía.
Pese a estas diferencias, en muchos casos comparten centros con empleadas y empleados públicos y desempeñan las mismas tareas, como es el caso de las PTIS, situación ante la cual las demandas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por incumplimientos de las empresas concesionarias «han sido una constante durante años.
Igualmente, CCOO destaca que los tribunales «cada vez dan más razón en cuanto a la cesión ilegal de trabajadores en este tipo de contrataciones» y que, «según fuentes de la propia Administración educativa, hay pendientes de resolver casi mil de ellas».
Ante esta situación, el sindicato pide a la Consejería de Educación y Deporte convocar una mesa de negociación con objeto dar aplicación a lo dictado por la ley y mantener a estas casi 1.400 personas en sus puestos, evitando así la judicialización del problema donde, como en ocasiones similares, el resultado será favorable para las trabajadoras.
