El arquitecto de Atarfe vuelve a enfrentarse a diez años de inhabilitación por irregularidades urbanísticas
La Sección Primera de la Audiencia Provincial prevé acoger los próximos 15 y 16 de octubre un juicio, suspendido en marzo de 2017, contra el que fuera arquitecto municipal de Atarfe, en el área metropolitana de Granada, por la comisión de supuestas irregularidades urbanísticas en el llamado paraje del Acequión, donde presuntamente aumentaron la edificabilidad más allá de los parámetros legales beneficiando a promotores.
Inicialmente, en este procedimiento estaba también acusado el ya fallecido ex alcalde de Atarfe, el socialista Víctor Sánchez, por cuyo estado de salud en marzo de 2017 se suspendió la vista, después de que el Tribunal Supremo anulara dos juicios a los que no asistió por este motivo pero que se saldaron con condenas a otros implicados, las cuales también fueron anuladas.
En este caso, según hace constar la Fiscalía de Granada en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público atribuye un delito continuado de prevaricación y solicita para el antiguo arquitecto municipal la pena de diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.
Los hechos se refieren a unos terrenos del sector SR-3.1, al sur del municipio, que inicialmente eran propiedad de la Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y Santa Cándida, pero que fueron vendidos a cuatro entidades, las cuales, «no satisfechas con el aprovechamiento urbanístico que podían obtener», se pusieron en contacto con el alcalde para conseguir «condiciones más lucrativas».
De este modo, firmaron dos convenios urbanísticos en abril y junio de 2005 en los que el Ayuntamiento se comprometía a una serie de medidas encaminadas a aumentar la edificabilidad, entre ellas cambiar la tipología de vivienda –pasando de unifamiliar a plurifamiliar en manzana cerrada–, lo que abría a los propietarios «la expectativa de multiplicar sus posibilidades de enriquecimiento».
«En compensación por tan lucrativo acuerdo –según el relato del fiscal– los propietarios le entregaban al Ayuntamiento de Atarfe un local de un inmueble con licencia de ocupación y 960.810 euros en metálico».
«Sabiendo de antemano» el arquitecto municipal que la tramitación urbanística que habían previsto «no podría llegar a buen puerto», decidió seguir unos trámites «totalmente distintos a los legales».
Así, en vez de hacer una innovación al planeamiento urbanístico, como se requería, optaron por usar la figura del estudio de detalle, que reduce el periodo de información pública y omite toda participación de la Administración autonómica en la aprobación definitiva.
Conforme al «plan trazado», el arquitecto municipal emitió el 16 de junio de 2005 informe favorable a los cambios planteados en el convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad, lo que fue aprobado en una resolución dos días después por el regidor.
Posteriormente, en abril de 2016, el arquitecto municipal informó favorablemente al estudio de detalle que presentó la promotora, y que fue aprobado de manera inicial unos pocos días después.
La aprobación definitiva del estudio de detalle se abordó en un pleno celebrado el 9 de junio de 2006 con diez votos favorables, entre ellos el del propio alcalde.
«No consta» que los concejales que votaron a favor conocieran los «planes ilícitos» de los acusados puesto que, según mantiene la Fiscalía, el entonces regidor, hoy fallecido, «controlaba absolutamente todo lo relativo al urbanismo de la localidad» y el arquitecto «le había dado la apariencia de legalidad» a través de los citados informes, de los que el resto de ediles «no tenía, en principio por qué dudar».
Mantiene el fiscal que el «doble efecto conseguido por los acusados con este cúmulo de ilegalidades fue el aumento de la edificabilidad más allá de cualquier parámetro vigente y la reducción de los espacios dotaciones públicos».
