El café catalán

En su origen, nuestra actual constitución establecía una estructura político-territorial asimétrica, con unos territorios (las denominadas “nacionalidades históricas”) con una autonomía política y económica más amplia que la del resto de España.

Así mismo, a las comunidades vasca y navarra se les reconocía la recuperación de sus conciertos económicos históricos. Gracias a estos conciertos económicos, negociados de forma siempre muy oscura entre los gobiernos central y autonómicos, su financiación siempre ha sido muy superior al del resto de comunidades autónomas. Esta dadiva pretendía facilitar la integración del nacionalismo vasco en la política democrática española, y que abandonara sus proyectos independentistas. El tiempo ha demostrado la candidez de los “Padres de la Constitución”. Para los nazionalistas, nunca nada es suficiente.

Los nazionalistas catalanes, hicieron sus cuentas en aquel entonces, y pensaron que era mejor unirse a la financiación común. Después descubrieron, que el sistema vasco (“concierto vasco”) era más rentable, y desde entonces uno de los grandes objetivos ha sido conseguir una financiación similar a la vasca.

El problema radica en el tamaño de cada economía. La economía vasca representa menos del 5% de la economía española, mientras que la economía catalana rondaría el 19% de la economía española. El PIB de Andalucía sería el 13,3% del PIB español.

No obstante, estos datos se basan en una deformación de la realidad: se adjudica a la sede social de las empresas el beneficio obtenido por su actividad en todo el territorio nacional. De esta manera, Madrid y Cataluña supuestamente son las comunidades que más riqueza generan en toda España, pero en realidad estas comunidades simplemente son la sede central de las grandes empresas españolas, y además atraen a las personas de mayores ingresos fiscales y con capacidad de gasto, de forma recaudan mayores cantidades por el IRPF.

Hay que resaltar que los impuestos los pagan las personas físicas y jurídicas, no los territorios, mientras que el gasto de estos impuestos lo realizan las diferentes Administraciones Públicas en función de sus competencias.

Hay que reconocer que la financiación de las comunidades autónomas es un tema complejo para alcanzar una situación de equilibrio y justicia fiscal. El objetivo de la financiación es conseguir que todos los ciudadanos españoles tengan unos servicios sociales iguales. Podríamos hablar de “café para todos”.

No obstante, como es sabido, Andalucía sufre una situación de infrafinanciación con el actual Sistema de financiación autonómico aprobado en 2011 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Este sistema de financiación autonómico (negociado entonces en nombre de la Junta de Andalucía por la actual ministra de hacienda María Jesús Montero, quien ya entonces antepuso los intereses de su partido a los justos derechos de los ciudadanos andaluces, tal y como ha vuelto a hacer ahora) nos hace perder cada año más de 1.000 millones de euros respecto a la media del conjunto de las comunidades. Nuestro índice de financiación es del 97,67%.

Por tanto, es urgente la reforma del actual Sistema de financiación autonómica, para que tengamos una financiación justa y suficiente. Un ciudadano vasco recibe el doble de financiación que un ciudadano andaluz.

Desgraciadamente, en la actual situación de debilidad política del Gobierno de España, que además se caracteriza por una falta absoluta de principios ideológicos/morales (su objetivo es simplemente sostenerse en el poder a cualquier precio), ha permitido que los nazionalistas catalanes alcancen uno de sus grandes objeticos, tener una “financiación singular” del mismo orden que la del concierto económico vasco, a pesar de lo que digan los socialistas (“aunque la mona se vista de seda, mona se queda”).

La Financiación singular, que deberá estar aprobada en el primer semestre de 2025., permitirá la recaudación del 100% de los impuestos generados en el territorio catalán por parte de la Generalitat Catalana, la cual cedería una parte de la misma al Estado, en un acuerdo de tipo bilateral (es como el concierto vasco, pero con otro nombre). Al cabo de un periodo de tiempo no muy amplio, la cesión sería del 0%. Se ha estimado que cada ciudadano andaluz perderá entre 200 y 600 euros al año con este sistema.

Se podría decir que sería “café solo” para Cataluña (y para el País Vasco y Navarra) y “manchada” para los demás, y además invitamos nosotros.

Desde algunos ámbitos jurídicos se han señalado que este acuerdo supondría una vulneración de los principios constitucionales de igualdad entre todos los españoles y de solidaridad entre todas las comunidades autónomas, recogidos en los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución, así como del artículo 138 de la Constitución que establece que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

Ante esta situación, los socialistas andaluces se mueven entre un silencio vergonzoso y un apoyo absoluto al acuerdo con ERC (no vayan algunos a perder su sueldo). El “sumun” de su ignorancia les ha llevado a pedir que Andalucía tenga una financiación singular al estilo catalán (Juan Espadas), cuando dicha aplicación con el sistema actual de la Contabilidad Nacional (ya he explicado que deforma la realidad económica de España) conllevaría una reducción aún mayor de los ingresos de la nuestra comunidad autónoma.

El Partido Popular se opone rotundamente a este acuerdo PSOE-ERC. No obstante, cada vez que los nazionalistas catalanes o vasos arrancan una nueva concesión al Gobierno de España a costa del bien común del resto de españoles, jamás se procede a su recuperación cuando hay cambio de gobierno, ya sea el PSOE o el PP, puesto que están más interesados en conseguir el poder y mantenerse en él, que en reparar el latrocinio correspondiente. Hay que recordar que la primera cesión de impuestos de IRPF e IVA lo firmaron José María Aznar y Jordi Pujol en 1996 para que el primero fuera investido presidente del Gobierno de España.

Por tanto, ahora es el momento de que la sociedad andaluza se movilice activamente contra el ataque que se ha producido contra nuestros derechos constitucionales, el cual se va a hacer efectivo el año que viene. Después, no habrá posibilidad de reparación.