El Colegio de Abogados considera «una reforma legislativa encubierta» el plan de choque de Consejo General del Poder Judicial

• La abogacía granadina considera que las medidas del CGPJ «parecen revestir un carácter permanente que está en total contradicción con la provisionalidad que supone un plan de choque coyuntural»

El Colegio de Abogados de Granada rechaza el plan de choque propuesto por el Poder Judicial y advierte de que las medidas planteadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «menoscaban los derechos fundamentales de los ciudadanos y representan una reforma legislativa y procesal encubierta».

En un comunicado, el órgano colegial se opone a que agosto sea un mes hábil y aboga por iniciar de forma inmediata una reactivación progresiva del sistema judicial, entre otras cosas.

A su juicio, las medidas organizativas y procesales para evitar el colapso de la Administración de Justicia una vez que finalice el estado de alarma, además de haber sido diseñadas «sin tener en cuenta al resto de operadores jurídicos», representa «una reforma legislativa y procesal encubierta que en modo alguno se justifica ni se puede admitir en la forma que se plantea».

Por el contrario, el Colegio de Abogados sí apoya las medidas inicialmente planteadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), dirigidas a restaurar de forma progresiva la Administración de Justicia tras Semana Santa, entendiendo que son más eficaces contra el colapso del sistema que está generando la actual crisis sanitaria y «se adecuan mejor a la realidad que viven diariamente los juzgados y tribunales, justiciables y profesionales que intervienen en la defensa de sus intereses».

En este sentido, la abogacía granadina considera que las medidas del CGPJ «parecen revestir un carácter permanente que está en total contradicción con la provisionalidad que supone un plan de choque coyuntural», en tanto que se pretenden modificar los requisitos de los recursos, la condena en costas, la imposición de multas añadidas como medida coercitiva para no litigar, la cuantía de los juicios verbales y la modificación de plazos y días hábiles, entre otros, «función además que no es competencia del órgano de gobierno de los jueces».

Asimismo, el Colegio de Abogados de Granada entiende que las medidas de «agilización procesal» planteadas por el CGPJ van encaminadas a lograr «una disminución de la carga de trabajo de los órganos judiciales a costa de menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos», a través de la «desincentivación» del acceso a segunda instancia, con condenas en costas procesales e incluso multas o la elevación de las cuantía de las demandas cuyo cauce procesal se determine por razón de la cuantía, entre otras.

«No puede tolerarse en modo alguno la aplicación de medidas que supongan una vulneración de derechos fundamentales de los usuarios de la Administración de Justicia, que conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva, de sus propios miembros y de los profesionales que, cada uno en su ámbito, ejercen su actividad, destacando la limitación al derecho de defensa, minimizando y no considerando la función que los abogados desarrollamos», recoge el comunicado emitido por la Junta de Gobierno de la Abogacía granadina.

Respecto a la propuesta de habilitar como laborable agosto, el plan de choque habla de «racionalizar, que no suprimir, las vacaciones de jueces, fiscales y funcionarios, obviando de forma incomprensible al resto de operadores jurídicos», y más concretamente a los abogados, e «ignorando absolutamente el derecho a la conciliación familiar del resto de profesionales», en especial para los que integran medianos o pequeños despachos. Para la Abogacía, esta medida provocaría una bajada del rendimiento durante varios meses, por lo que «resultaría más operativo concentrar las vacaciones en los órganos judiciales en agosto, manteniendo un funcionamiento total durante el resto del año».

Por todo ello, el Colegio de Abogados sostiene que este plan de choque «conduce a un debilitamiento, aún más si cabe, del colectivo de la abogacía», además de «menoscabar» los derechos de los ciudadanos y «no garantizar esa agilización de la Justicia tan necesaria».

Por último reseña que por parte del CGPJ «no se han adoptado en todo este tiempo de cuarentena las medidas adecuadas» para asegurar el teletrabajo de los funcionarios, como las medidas gubernamentales aconsejaban, y se ha interesado de abogados y procuradores la no presentación de escritos a través de la plataforma LexNet, lo que «sin duda alguna ha contribuido en gran medida a la situación de colapso que se producirá una vez se declare el fin del estado de alarma».