El consejero de Industria asegura que los cortes de luz en la zona Norte se han reducido un 90%

• Juan Bravo también ha anunciado que se instalarán interruptores telemando en los centros de transformación

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha hecho referencia a la necesidad de una normativa estatal que regule las actuaciones a realizar para tratar de resolver los cortes de luz que se producen en la zona Norte de Granada capital, los cuales «se han visto reducidos en algunas zonas en un 90 por ciento».

En una pregunta de Adelante Andalucía en el pleno del Parlamento, Bravo ha comentado que desde la Delegación de la Junta se han realizado «actuaciones coordinadas con las administraciones, la empresa suministradora de la energía eléctrica y la Subdelegación de Gobierno, que se ha sumado recientemente», para tratar de dar solución a esto.

«En todas las reuniones se pone de manifiesto la necesidad de una regulación nacional, que de momento no está abordada por parte de la Administración General del Estado, sin excusar responsabilidades. El propio Defensor del Pueblo Español es el que reconocía la necesidad de un desarrollo normativo estatal y la colaboración conjunta entre las administraciones en materia de viviendas sociales y energía eléctrica», ha comentado.

El consejero ha valorado que los resultados obtenidos tras la creación de la mesa entre las administraciones han sido que en la zona Norte «se han reducido con respecto al año pasado las incidencias en un 46 por ciento, y en algunas zonas en un 90 por ciento», y ha asegurado que aún «queda mucho por hacer».

«En esas mesas ha habido cuatro reuniones donde se ha exigido una auditoría a Endesa sobre las instalaciones eléctricas, que la ejecuta ‘A+NorControl’, y cuyos resultados aparecerán a final del mes de febrero. Se estableció sobre 12 centros y se amplió a seis más. Cuando estén los resultados se convocará de nuevo a la mesa para darle conocimiento», ha anunciado.

Bravo también ha comentado que otras medidas que se están llevando a cabo son la ampliación de las instalaciones eléctricas, con una inversión por valor de 203.000 euros, y la autorización de la ampliación de 10.000 kilovatios en la red eléctrica, de los cuales 4.000 están ya instalados y cuya actuación terminará a final de marzo.

El consejero también ha anunciado que se instalarán interruptores telemando en los centros de transformación, el incremento de los expedientes sancionadores a los instaladores que participen en el fraude y el compromiso desde la Subdelegación del Gobierno al acompañamiento a los técnicos para que puedan actuar en los centros donde se determine.

«Creo que parte del fraude corresponde al cultivo de droga, y esta es una parte importante. Aunque no es el único. La responsabilidad está clara y el trabajo se está haciendo entre todos. Seguimos trabajando, hay un problema y tenemos que solucionarlo», ha concluido Bravo.

Por su parte, la parlamentaria de la formación ‘Adelante Andalucía’, Ana Villaverde, ha dudado de la imparcialidad de la auditoría alegando que esta es realizada por «la empresa directamente implicada en estos cortes de luz». «En Granada hace mucho frío, con temperaturas bajo cero, y los vecinos no pueden calentar sus casas, no funcionan colegios y centros de salud, cada vez son más los vecinos que sufren discapacidad que permanecen aisladas en sus casas porque temen salir de casa y que a la vuelta no puedan coger el ascensor», le ha espetado la parlamentaria.

Villaverde ha asegurado que la empresa de suministro de la electricidad se comprometió a instalar tres transformadores nuevos en la zona y que hasta el momento «hay solo uno», y ha remarcado que la empresa ha favorecido a la exclusión social y a la estigmatización del barrio «vinculando los cortes de luz con los enganches ilegales por cultivo de marihuana, cuando estos son solo del seis por ciento».

«Desde el centro de salud de Cartuja han declarado el estado de emergencia ante un problema de salud pública porque hay vecinos cuyas vidas dependen de máquinas de oxígeno. Todo esto tiene un impacto sobre la salud física y psicológica de los vecinos. Cada vez son más los casos de ansiedad y depresión», ha argumentado.

La parlamentaria ha valorado que en un barrio donde residen 20.000 personas, el 68 por ciento de los vecinos «pagan religiosamente su factura y tienen contratos en regla, y los cortes son indiscriminados».

«El problema no son los enganches y la marihuana. El problema es la negligencia de una empresa que sigue incrementando sus beneficios a causa de la subida de la luz, la mayor de Europa, y que no cumple ni renueva las instalaciones. Y es tan responsable como las administraciones implicadas de no ofrecer energía eléctrica», ha concluido.