El Decreto de escolarización de la Junta “dinamita la educación pública y discrimina al alumnado de la provincia”
- Teresa Jiménez asegura que esta medida del Gobierno andaluz hará que continúe la pérdida de unidades, los recortes en el profesorado y el trasvase de escolares a centros privados
La parlamentaria andaluza Teresa Jiménez ha denunciado que el nuevo Decreto de escolarización aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía “dinamita la educación pública para favorecer a la privada y a la
concertada y discrimina al alumnado de la provincia frente al de la capital”.
“Se trata de una norma absolutamente innecesaria puesto que la inmensa mayoría de las familias granadinas obtienen plaza escolar en el primer centro de su elección. Es decir, no hay ningún problema que vaya a solucionar este Decreto”, ha subrayado.
El Gobierno andaluz de las derechas “no cree en la educación pública, lo llevamos viendo en esta tierra desde que comenzó el curso con la reducción de unidades educativas, la falta de personal docente y la eliminación de servicios
complementarios, a lo que hay que sumar su propósito de cerrar colegios públicos rurales”.
El titular del ramo, Javier Imbroda, “no contento con todo ello, suma un nuevo episodio contra la educación pública como demuestra esta normativa que en nada favorece la libertad de elección de las familias. Todo lo contrario, serán
los centros los que finalmente decidirán a quiénes matriculan en sus aulas, dejando por el camino al alumnado con más dificultades, al que proviene de entornos más deprimidos o que presenta necesidades educativas especiales”.
“Sin duda, esto va a provocar profundas desigualdades entre las y los escolares granadinos”, ha remarcado Jiménez que ha indicado que esta medida hará que la situación de la educación pública en la provincia “siga empeorando con
pérdida de unidades en centros públicos, recortes en el profesorado, el trasvase del alumnado a centros privados y menos inversión en la educación pública”.
Tras criticar que “creará guetos y marginará aún más a las zonas deprimidas o en riesgo de exclusión”, la socialista ha asegurado que otra de las consecuencias “negativas” que tendrá esta nueva normativa será la competencia entre centros y la creación de escuelas “de primera, segunda o tercera categoría”.
“No se puede mercadear con la educación, la obligación del Gobierno andaluz es trabajar por una educación de máxima calidad en los centros públicos de nuestra tierra y no favorecer el negocio privado”, ha dicho para reprochar al PP y C’s el concepto “equivocado y retorcido que tienen de la educación pública”.
Jiménez ha resaltado que, si no ha habido problemas con la libertad de elección de centros por las familias en la provincia y no se ha generado problema alguno, el nuevo Decreto es “inútil y un intento más de la Junta para denostar la escuela pública y convertirla en un negocio”.
Por último, ha denunciado que el consejero Imbroda haya “renunciado otra vez a la vía del diálogo y el acuerdo, como demuestra la fuerte oposición y rechazo de sindicatos, docentes y familias a la citada normativa”, y ha lamentado que el titular de Educación “haya vuelto a mentir al asegurar que contaba con el consenso de la comunidad educativa”.
