El Defensor del Pueblo pide información por la actuación con los inmigrantes acogidos en el pabellón Paquillo Fernández
El Defensor del Pueblo Andaluz ha requerido información a los ayuntamientos de Motril y Granada, así como al Comité Autonómico de Andalucía de Cruz Roja sobre la actuación con un grupo de inmigrantes argelinos que fueron trasladados desde Motril al pabellón municipal Paquillo Fernández de la capital el pasado mayo, durante el estado de alarma.
El Defensor ha dado este paso a raíz de la queja interpuesta el 25 de mayo por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la cual considera que el tiempo transcurrido dentro del pabellón municipal «constituyó una detención ilegal en tanto no se permitió la salida o entrada del edificio».
El colectivo explica en un comunicado que estos 16 inmigrantes fueron puestos en situación de calle a las doce de la noche tras pasar 72 horas detenidas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril, lo que «vulneró gravemente los derechos de esas personas».
En particular, denuncian que, tras solicitar al Ayuntamiento de Granada un lugar donde dormir, «se trasladó a 13 de ellos al Pabellón Paquillo Fernández en el que, sin embargo, no se permitió el acceso de voluntarios para introducir comida, sin que los que se encontraban dentro del recinto pudiesen salir, a pesar de que no existía ninguna orden de detención».
En opinión del colectivo, «se cometió una detención ilegal al impedir entrar o salir del recinto a cualquier persona». Por ello, ese mismo día interpusieron una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español y la Subdelegación del Gobierno.
En un escrito registrado el 29 de junio, el Defensor andaluz ha comunicado a la entidad que «ha solicitado a los ayuntamientos de Granada y Motril y al Comité Autonómico de Andalucía de la Cruz Roja Española que aporten cuanta información dispongan sobre los hechos» planteados.
El colectivo mantiene que «esta actuación pone en evidencia las profundas carencias del denominado sistema de acogida, especialmente en lo que se refiere a las primeras 72 horas de detención» y demanda que no se vuelva a producir.
En este sentido recuerdan que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura ha solicitado «una vez más el cierre definitivo del CATE de Motril».
