El derecho a la educación
La Revolución francesa implantó la separación de poderes (legislativo, ejecutivo, judicial), que es uno de los pilares fundamentales de funcionamiento de las democracias liberales, como es España. En los debates durante la Revolución que se produjeron para su diseño, se planteó la creación de un cuarto poder independiente: la educación. Desgraciadamente no prosperó esta iniciativa, quedando supeditada a los otros poderes.
El modelo educativo es algo que transciende al presente, pues condiciona el futuro de toda la sociedad. Una sociedad de ciudadanos con un nivel educativo alto, favorecerá una sociedad abierta, prospera y de personas libres.
Obviamente, las sociedades evolucionan, y por tanto la Educación debe ir adaptándose a esta evolución, no pudiendo estar aislada de los profundos cambios tecnológicos, políticos o sociales que se han producido en los últimos decenios.
Periódicamente (casi por cada nuevo ministro de educación que ha habido) se realiza un cambio en el modelo educativo que se aplica, con grandes variaciones de unos a otros.
Todos hablan del tan necesario Pacto de Estado de Educación que blinde de las guerras políticas y de las ocurrencias a este pilar de la sociedad. El último gran intento de alcanzarlo fue por iniciativa del antiguo ministro socialista Ángel Gabilondo en el año 2010, pero tras llegar a un acuerdo entre los principales partidos, finalmente el PP decidió anteponer sus intereses políticos para provocar la caída del gobierno. Craso error que estamos pagando.
El actual gobierno ha presentado una nueva Ley de educación (la LOMLOE, ya van quedando pocos acrónimos disponibles).
El núcleo de esta ley es un fiel reflejo de la mentalidad y visión de España de los sectores populistas de la izquierda, demostrando un total desconocimiento de la realidad plural de este país.
Partiendo de una visión del país como si aún estuviéramos en la España de los años 50 del siglo XX, han formulado una ley fuertemente intervencionista, que restringe los derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática.
Especialmente grave es que es el Estado el que determina la educación en valores y el centro en donde el alumnado recibe la educación, cercenando el derecho de las familias a decidir sobre el futuro de sus hijos. Contraviene uno de los derechos avalados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la constitución española (artículo 27). Recuerda al modelo de los Espartanos de hace 2.500 años, en donde los hijos eran retirados de los padres desde muy pequeños para ser educados por el Estado. Muy moderno.
Para ellos, el enemigo a doblegar es la Educación concertada, porque en su mentalidad es la tapadera de la Iglesia Católica para controlar a la sociedad, y pretenden imponer un laicismo “liberador”. Otra demostración del desconocimiento de la realidad del país. No todos los centros concertados son de confesión religiosa y para los “ricos”, sino que engloban numerosos proyectos educativos “alternativos” a la educación pública e instruyen a niños de todas las clases sociales.
Así, la plataforma opositora a la ley es un movimiento plural, de diferentes asociaciones de padres (CONCAPA, COFAPA), sindicatos (USO, FSIE), partidos políticos (CIUDADANOS, PP, VOX) o asociaciones educativas (CONCEE, AEECE,…)
Pero el elemento más desconcertante de la ley es la desaparición de la Educación Especial, de forma que aquellos alumnos que presentan algún problema de discapacidad se “integren” en los colegios ordinarios, donde supuestamente, el profesor tendrá suficiente capacidad para prestarle la atención que necesitan, además de atender al resto de los alumnos. Decididamente los autores de la ley desconocen el ambiente habitual de trabajo de los docentes, así como las necesidades especiales de estas personas.
A todo esto hay que unirle el pago a los grupos independentistas y nacionalistas para mantenerse en el poder todo el tiempo posible, eliminando al Castellano como la lengua vehicular de la educación en toda España. Un paso más en la ruptura de la unidad de todos los españoles, pero también un ataque al nivel educativo de los alumnos de sus respectivos territorios (aunque les duela, el castellano es la segunda lengua en importancia del mundo, y en un mundo globalizado es más útil hablar español que sus lenguas vernáculas, dejando claro que personalmente apoyo su uso también en la educación de sus comunidades autónomas)
El actual sistema educativo presenta graves deficiencias, tanto materiales como de modelo de enseñanza, pero sin duda esta no es la ley que necesita.
