El empresario del caso audioguías afirma que la Alhambra le pagaba «mal y tarde»: «Nunca me pidieron los comprobantes»

El empresario acusado en el llamado ‘caso audioguías’ de la Alhambra, en el que se están juzgando supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de alquiler de audioguías del monumento –con un presunto perjuicio económico superior al millón de euros– ha defendido este martes que se rigió «estrictamente» por el contrato, tanto para fijar los precios del servicio como para abonar el canon a la Alhambra.

No obstante, ha declarado que a la hora de hacer las liquidaciones «nunca» le pidieron desde el Patronato de la Alhambra los comprobantes respecto al número de audioguías que alquilaba como soporte documental del volumen de facturación que generaba, incidiendo en que el Patronato pagaba «mal y tarde» y que si bien él tuvo deudas con el monumento durante la ejecución de este contrato, también la Alhambra le «debía mucho dinero» por la prestación de otros servicios en el conjunto monumental.

El administrador único de la empresa Stendhall Museum Solutions –a la que se adjudicó el servicio de audioguías– ha declarado este martes en la segunda sesión del juicio que ha arrancado en la Audiencia de Granada contra la excúpula de la Alhambra. Entre los acusados se encuentra la que fuera su directora, María del Mar Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto y que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al igual que la exsecretaria general del monumento.

La Fiscalía ha solicitado para el empresario diez años de prisión por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, así como inhabilitación y una multa de un millón de euros. Le acusa de llevar a cabo, entre 2007 y 2011, la «sustracción» a la Alhambra de parte de la recaudación con los servicios de alquiler de audioguías estableciendo presuntamente unos precios distintos a los estipulados en el contrato y facturando supuestamente menos dispositivos de los que realmente alquilaba, extremos todos ellos que ha negado el empresario.

A juicio del fiscal, tanto la directora de la Alhambra como la secretaria general del monumento en aquel momento presuntamente «permitieron» estas prácticas «perjudicando seriamente los intereses del Patronato de la Alhambra y el Generalife» y «no llevaron a cabo actuación alguna para poner fin a esta situación permitiendo durante todo el periodo de desarrollo del contrato la declaración de cifras de alquileres inferiores a las reales» por la empresa.

Respecto a esto último, el empresario ha justificado en el contexto de crisis de 2008, entre otros factores, el descenso del número de alquiler de audioguías que se produjo en aquella época en relación a los datos que facturaba la anterior adjudicataria.

COMPROBANTES
El fiscal ha expuesto que, de acuerdo a lo especificado en el contrato para controlar los ingresos por el servicio de audioguías, la empresa Stendhall Museum Solutions debía declarar el número diario de alquileres de dispositivos y la recaudación total mediante la presentación de las matrices de los talonarios numerados de billetes entregados a cada visitante u otro medio fehaciente, pero a su juicio no se hizo.

El empresario ha explicado que la empresa operaba con un sistema por el que hacía arqueos de dinero en cada cambio de turno, diariamente cerraban caja y tenían a disposición del Patronato los tickets, que se podían consultar uno a uno, entre otra documentación, además de hacer un volcado diario de datos estadísticos.

«Para las liquidaciones nunca me pidieron los comprobantes, se los podía haber pasado, por supuesto, no se pasó por un tema operativo, eran cientos de tickets», ha expuesto, reconociendo que fue un «error» el no haberlo hecho, pero insistiendo en que no se le solicitó y que todo podía consultarse a diario en el mostrador del servicio de audioguías donde se guardaba, sin que se produjeran en ese tiempo ninguna «inspección» a este respecto por parte del Patronato.

El fiscal considera en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, que el que la empresa no aportara la documentación necesaria para controlar la facturación y que el resto de los acusados presuntamente no se lo exigieran dio lugar a un «nulo control de los ingresos reales de la adjudicataria y el consiguiente perjuicio económico» para el monumento, que fija en al menos 1,2 millones de euros «teniendo en cuenta que se ha partido de la contabilidad de la empresa y no de los datos reales de ventas».

RONDA DE LOS ACUSADOS
En esta segunda sesión del juicio se ha cerrado la ronda de declaraciones de los acusados con el que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra en dos momentos distintos, José M.V., al que solo acusa la Junta de Andalucía, que está personada en el proceso como parte perjudicada y pide cárcel e inhabilitación para él.

Durante su declaración ha explicado que hizo varios requerimientos a la empresa para que presentara sus liquidaciones anuales y pagara al monumento el canon establecido en los pliegos del contrato.

En 2009, ante la idea mantenida por la secretaria general de la Alhambra de que por parte de la empresa «se estaban declarando menos audioguías de las facturadas», se realizó durante varios días un conteo desde los Palacios Nazaríes de los turistas que iban con estos dispositivos para tener datos fiables que permitieran hacer una proyección estadística de lo que podía estar facturando. El estudio arrojó como resultado unas cifras un poco superiores de alquiler de audioguías a las que estaba declarando a la empresa, pero el acusado mantiene que estaban dentro del margen de error previsto en el muestreo.

En 2010, tras incorporarse de nuevo como jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, solicitó un informe de la situación de la sección y conoció en ese momento la deuda en la que se encontraba el contrato de audioguías –la empresa debía al monumento más de 600.000 euros– trasladando a los trabajadores competentes la necesidad de realizar documentos contables que generaran obligaciones de pago, pues hasta ese momento «solo había anotaciones en una aplicación informática». El juicio continuará este miércoles con el inicio de la ronda de testigos que empezará a declarar en el juicio, que está señalado hasta el próximo 25 de enero.