El encaje de las pensiones en los programas del ’28A’: del aumento de las jubilaciones anticipadas al «envejecimiento activo»

• Unidas Podemos plantea «agilizar» las jubilaciones anticipadas en sectores como el transporte, industria o estiba «antes de los 65 años y sin penalizaciones en la pensión»
• PP y Cs coinciden en las políticas de compatibilización de la pensión con la continuidad de la actividad laboral

El movimiento reivindicativo por las pensiones dignas ha aumentado exponencialmente la presión a los dos últimos gobiernos nacionales, tanto al encabezado por Rajoy como al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez. La pérdida de poder adquisitivo de los jubilados les ha llevado a movilizarse en los ya famosos lunes bajo el lema «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

Ante esta escalada de protesta de un sector cada vez más creciente en la población por razones demográficas, la radiografía de los programas electorales de los partidos de cara a las generales del ’28A’ estructura diferentes líneas de acción que se basan, principalmente, en la garantía de continuidad de las pensiones y las vías de revalorización.

En el lado izquierdo del tablero, PSOE y Unidas Podemos coinciden a la hora de plantear el blindaje bajo la Constitución del sistema público de pensiones y la revalorización anual del mismo «en base al aumento del coste de la vida», en palabras socialistas, y «en base al IPC», según recoge literalmente Unidas Podemos.

El programa socialista aglutina un enfoque más genérico, centrando parte de su espacio en culpar al anterior Gobierno de Rajoy: «Que en 2013 realizó una reforma unilateral de la legislación sobre pensiones, al margen de la Comisión del Pacto de Toledo y sin acuerdo en la mesa de diálogo social; introduciendo criterios sobre la evolución de las mismas extraordinariamente perjudiciales para las personas pensionistas, que perdieron poder adquisitivo durante cinco años por las sucesivas revalorizaciones en un 0,25%, inferiores al aumento del IPC», rezan.

El PSOE defiende las acciones posteriores de Sánchez: «Con aumentos de las mínimas o no contributivas o el incremento de la de viudedad a 811,96€/mes». Enfocan sus propuestas para un nuevo Gobierno en la reforma del Pacto de Toledo -sin mayores detalles-, el crecimiento de la aportación del Estado a las pensiones, el combate a la economía sumergida o el aumento de salarios y de condiciones laborales que garanticen mayores ingresos al sistema y ayuden a afrontar el ‘reto demográfico’, concepto este último en el que prácticamente todas las formaciones que aspiran al Gobierno coinciden.

Unidas Podemos plantea tumbar el actual factor de sostenibilidad de las pensiones y diseña una batería de acciones cuya ambición no va en línea con el estado actual de la hucha pública y las posibilidades económicas: «En un periodo de 30 años, en caso de mantenerse una evolución de la esperanza de vida como la prevista, el factor de sostenibilidad produciría un descenso en la pensión inicial de entre el 9 % y el 18 %».

Prometen un aumento de las mínimas y no contributivas, la elección libre de los años de cómputo para el cálculo de las pensiones, el aumento de las cotizaciones por parte de los salarios más elevados o la jubilación anticipada sin penalización para las personas con 35 años de cotización.

En materia de jubilación anticipada proyectan también que pueda beneficiar a sectores «especialmente duros o precarios» como el de las «camareras y camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales penosos y de transporte en carretera».

Compatibilidad entre la pensión y el trabajo

La otra porción del eje, Ciudadanos y PP, concuerda en el avance hacia la compatibilidad del trabajo y la pensión de forma simultánea.

Ciudadanos no dedica demasiado espacio en su programa a las pensiones, aunque recoge «la garantía de que sea compatible tener un trabajo asalariado y percibir el 100% de la pensión de jubilación. No debemos privar a quienes tienen capacidad y voluntad de trabajar de hacerlo, ni tampoco negar a nadie una pensión después de décadas de cotizar para conseguirla». Los naranjas dan protagonismo a la pensión de los autónomos, «que deberá contabilizar toda su vida laboral y podrá compatibilizarse con la actividad».

Mientras que los populares explican que ha de ser válida «la percepción de un porcentaje ascendiente de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional, ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena, con acuerdo de su empleador».

El PP entiende que el concepto de «envejecimiento activo» es adecuado para retrasar el inicio del cobro de las pensiones: «La prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, revisando los incentivos para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo y promover una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral», explican. «En particular estableceremos, entre otras medidas, un régimen por el cual los trabajadores que alcancen la edad legal de jubilación puedan aplicar una exención en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación», postulan.

La formación presidida por Pablo Casado contempla la revalorización en base al IPC «y otros factores que garanticen la sostenibilidad» -sin especificar cuáles son-, la aproximación del período de cálculo a toda la vida laboral de forma progresiva, «para evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones en el momento de la jubilación» o el impulso en el marco del diálogo social de los planes de empresa y planes voluntarios de pensiones.

Vox, por su parte, recoge un proyecto mixto apoyado, según su programa, en la solidaridad: «Garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida», y en la propiedad: «Asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas».