El futuro del campo
La actual movilización del sector agrario es una de las consecuencias del despoblamiento del medio rural. Solo un campo productivo, con unos servicios públicos adecuados, permitirán tener un medio rural vivo.
En este sentido, el Programa de Fomento de Empleo Agrario (más conocido como PER) ha resultado ser un instrumento relativamente eficaz para mantener fijada a la población en el medio rural. Si además consideramos que el coste anual del programa ha rondado los 200 millones de euros (233 en 2019), en comparación con los miles de millones invertidos en cada uno de los casos para salvar a la minería astur-leonesa, la industria siderúrgica vasca, la industria textil y/o de automoción catalana, la banca madrileña o valenciana,… resulta que la eficiencia obtenida por millón de dinero público gastado es muy superior en el caso andaluz.
El gran problema del PER ha sido su utilización para el control del voto del medio rural por parte del PSOE durante sus años de mandato en Andalucía (sin olvidar aquellos municipios controlados por el PP, en donde el correspondiente alcalde también hacia este mismo uso).
Otra medida muy positiva (propuesta por CIUDADANOS), fue la eliminación del Impuesto de Transmisiones y de Herencia de las explotaciones agrarias, para facilitar que los descendientes mantuvieran la actividad.
Aunque desde algunos sectores se pretende que el turismo rural es la panacea para el medio rural, realmente esto es únicamente posible para algunos pueblos. Realmente solo la actividad agraria y agroindustrial necesitan una cantidad apreciable de mano de obra.
Cualquier actividad económica, incluida la agraria, solo es viable cuando los beneficios del productor son suficientemente altos. En este caso, el beneficio de los agricultores es muy bajo en comparación con el precio final de venta que tienen sus productos en los mercados.
Desde diversos medios así como desde el gobierno se ha señalado a las grandes cadenas comerciales como los responsables de este desequilibrio. Pero este análisis es incorrecto. Estos grupos empresariales solo compran alrededor del 7% de la producción, mientras que el 65% se comercializa por medio de la empresa pública MERCASA (en Granada MERCAGRANADA).
Según un estudio de costes/beneficios, en un kilo de tomates con un precio de 1,89 euros por kilo, los costes de producción (producción, almacenamiento, procesamiento, envasado, transporte y comercialización) rondarían los 0,70 €, mientras que el beneficio total acumulado del detallista, mayorista, transportista, cooperativa y productor es de 0,40 euros por kilo. El resto son impuestos, es decir, alrededor del 45% del precio final del producto.
Si a esto le unimos el incremento del Salario Mínimo Interprofesional que ha aprobado el actual gobierno, los problemas para la producción agraria se incrementan.
La repercusión de este incremento solo podrá realizarse mediante una subida del precio de venta a los consumidores (otra vez el ganador es Hacienda, el perdedor el “españolito”). Otra posibilidad es que cuando sea posible por tamaño de unidad de producción (finca), se aumente la mecanización de la producción, con la consecuente disminución de la necesidad de mano de obra. Incluso otra posibilidad es que el consumidor disminuya la compra de productos autóctonos para comprar productos más baratos procedentes del extranjero que mantengan su precio de venta, con el subsiguiente cierre de explotaciones agrarias. Este análisis sobre el impacto del incremento del SMI es extensible al resto de los sectores económicos. Lamentablemente, las políticas populistas tienen estas consecuencias.
No hay soluciones mágicas. No se pueden fijar precios, estamos en una economía libre de mercado, ni impedir la importación, pero si controlar que estas cumplan con las normas europeas.
Se debería reformar el actual modelo de impuestos y laboral (no solo para la actividad agraria), aunque en sentido contrario al que pretende el actual gobierno.
Hay que reforzar el cooperativismo para mejorar la eficiencia del sector agrario y que tengan una mayor capacidad de negociación frente a terceros.
Las empresas agrarias deben internacionalizarse y controlar los canales de comercialización de los productos procedentes de terceros países.
Y sobre todo, el campo debe salir de un modelo de venta de grandes volúmenes a precios muy bajos, y pasar a un modelo de excelencia, competitivo, eficiente, integrado en cadena y a la vez, que atienda a las necesidades de los clientes.
